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La Guardia Civil detiene por corrupción a dos ex alcaldes del PP

El ayuntamiento canario de Santa Brígida pagaba a las empresas de ambos cargos

Victoria Casas, concejal del municipio grancanario de Santa Brígida (18.700 habitantes) por Coalición Canaria, ha desatado en las islas una tormenta política de consecuencias penales. En 2004 denunció múltiples irregularidades del consistorio ante el Tribunal de Cuentas canario. La denuncia provocó la imputación de todos los consejeros de dicho tribunal, que tras hallar numerosas anomalías en la gestión de los dirigentes municipales no las pusieron en conocimiento de la justicia. Y después, la detención por orden judicial de los presuntos responsables de los desmanes municipales.

Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer a dos ex alcaldes por el PP del municipio, Carmelo Vega Santana y Antonio Díaz Hernández, y al ex edil de Urbanismo Luis Troya Ramírez, junto a tres técnicos municipales. Los delitos que se les imputan son fraude, exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, falsificación documental, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Lo llamativo del caso no es tanto que el titular del juzgado número uno de Las Palmas y un fiscal hayan tomado ahora cartas en el asunto de manera tan espectacular, sino que el tribunal autonómico de cuentas no hallara nada delictivo en las conclusiones que emitieron en su informe de 27 de septiembre de 2006. No en vano, el propio informe que ellos aprobaron fue el que, puesto en manos de la fiscalía por la edil Casas, supuso su imputación colectiva por un juzgado de Tenerife, sede de tal institución, y la orden de detención de los concejales implicados en las supuestas corruptelas.

Las irregularidades denunciadas ante el Tribunal de Cuentas por la edil Casas y por los inspectores de la institución auditora, que advirtieron de que algunos de los asuntos descubiertos en la gestión del Ayuntamiento de Santa Brígida entre 2000 y 2005 debían ser encaminados a la vía penal, fueron las siguientes:

- No existió un registro de contratos, hubo gastos sin expediente de contratación, otros se fraccionaron ilegalmente y no se publicaron los contratos menores.

- En 2003 y 2004 el Ayuntamiento abonó, sin mediar contrato alguno, a empresas (Hostelea Carmelo Vega y Las Casillas de Servicios Hosteleros) administradas por el alcalde Antonio Vega, gastos (casi 30.000 euros) por atenciones protocolarias.

- Existieron pagos de facturas (98.240 euros) a una ferretería vinculada al ex concejal de Urbanismo por el PP, Luis Troya, que, precisamente, dio su aprobación municipal al gasto.

- Se abonaron pagos de servicios sin que constase la existencia de vínculo laboral o contractual con la corporación.

- No se aplicaron retenciones por el IRPF ni del impuesto general indirecto canario.

- No se liquidó el impuesto sobre construcciones a la Unión Temporal de Empresas que realizó un complejo de aparcamiento, plaza y locales comerciales, perdón que supuso más de 600.000 euros a la firma.

- La corporación carecía de inventario de bienes.

Al margen de los tres citados políticos locales, fueron detenidos ayer tres técnicos del Ayuntamiento: Santiago Hernández Álvarez, que cumplía funciones de interventor, Antonio Ventura Rodríguez (jefe del almacén municipal de obras) y Jacinto Hernández Álvarez, con labores de secretario general.

En marzo de 2006, el ex alcalde Vega y el ex concejal de Urbanismo Troya fueron ya condenados a nueve años de inhabilitación especial para cargo público, como responsables de un delito de prevaricación.

El nombre de Troya también apareció en una pieza del caso Faycán, que investiga una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Telde (también gobernado por el PP), justo el que da pie al caso Europa, por entregar supuestamente información del catastro del municipio de Santa Brígida al administrador único del Grupo Inmobiliario Europa SAU, José Manuel Antón Marín.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de octubre de 2007