Bruselas tratará de acelerar la entrada de inmigrantes cualificados

La Comisión Europea ha dado un giro en su política migratoria y se ha metido de lleno a regular la entrada de trabajadores de fuera de la Unión. Lo hará dando facilidades a los extranjeros con estudios superiores, para que se decidan por Europa en lugar de emigrar a Estados Unidos y suplan la falta de mano de obra que se avecina en el continente.

Los sindicatos europeos planean librar la batalla contra el proyecto

Esas facilidades quedan recogidas en la esperada directiva comunitaria de la tarjeta azul, que fija las condiciones para los que quieran beneficiarse de esta nueva regulación: los inmigrantes deberán contar con una oferta de trabajo en la UE de al menos un año, y con un sueldo al menos tres veces el salario mínimo del país al que vayan a trabajar, según el texto legal que se hará público el martes y al que ha tenido acceso este diario.

La Comisión propone además un procedimiento acelerado, máximo 30 días y 60 en casos extraordinarios, para la admisión de estos trabajadores, la concesión automática de permiso de trabajo para el consorte y la posibilidad de que pasados dos años el portador de la tarjeta azul pueda trabajar en cualquier país de la Unión. El texto, que según las fuentes consultadas aún podría sufrir alguna modificación de última hora, nace con la polémica debajo del brazo: la promoción de la fuga de cerebros o la injerencia de Bruselas en los asuntos que algunos Estados consideran que deberían ser internos son únicamente el inicio de un debate que se perfila tormentoso. El Ejecutivo comunitario considera trabajadores cualificados a los que ejerzan un empleo para el que se requiera un diploma de educación superior, mínimo tres años o al menos tres años de experiencia profesional equivalente.

Los políticos europeos viven obsesionados con la idea de que la Unión envejece a marchas forzadas y de que en los próximos años harán falta muchos brazos y mentes en el mercado laboral europeo. De los brazos de momento no se ocupan, pero si de las mentes, sobre todo de las economías emergentes como China e India, que abrumadoramente eligen Estados Unidos como destino laboral. Según los datos que maneja Bruselas, EE UU atrae al 55% de estos trabajadores, mientras que sólo el 5% llama a las puertas de la Unión. La aprobación de la propuesta, que debe recabar aún el visto bueno de los Estados miembros, promete ser más que tormentosa. Austria y Alemania figuran al frente de los países siempre celosos de que la EU se inmiscuya en lo que consideran un tema de competencia nacional. "No queremos un sistema de tarjeta azul", explica tajante Stefan Pöttler, portavoz del Gobierno austriaco. "De la inmigración tienen que ocuparse los Gobiernos nacionales". Alemania ha enunciado similares argumentos en las últimas semanas. Para atajar estas críticas, el texto deja claro que será cada uno de los Veintisiete quien fije las cuotas de inmigrantes cualificados que desean aceptar, pero tendrán que comunicar a Bruselas sus cifras anualmente.

Los sindicatos europeos también planean librar la batalla. Piensan que si Europa quiere contar con trabajadores punteros en el futuro, debería ocuparse de ofrecer formación a los desempleados de Europa, explica Catelene Passchier, secretaria de la Confederación Europea de Sindicatos. "Todavía no hemos tenido acceso a la propuesta, pero no nos gusta que la UE decida qué inmigrantes son buenos y cuáles no. ¿Por qué solo los cualificados? Europa también necesita gente en los demás sectores", comenta Passchier.

Para completar la polémica, no faltarán las voces que acusen a Bruselas de promover la fuga de cerebros de países en desarrollo. Por eso, el texto camina con pies de plomo y pide a los Estados de la UE que se abstengan de reclutar trabajadores en sectores necesitados de los países en desarrollo como el sanitario.

Con estas iniciativas, Bruselas da un vuelco definitivo a su política migratoria que hasta hace bien poco tiempo se centraba exclusivamente en la lucha contra el desembarco de clandestinos. La regulación europea de la inmigración legal ha sido precisamente durante estos dos años una de las demandas del Gobierno español.