Barcelona acapara la vivienda social

Más vivienda social donde hay más necesidades. La mitad de los primeros 83.333 pisos de protección pública previstos y ya planificados en el Pacto por la Vivienda estarán repartidos en los 36 municipios del área metropolitana de Barcelona, donde se concentra el 45% de la población catalana. Es la cifra que arroja el inventario que el Gobierno catalán ha entregado a empresarios y agentes sociales junto con el pacto. El salto adelante se produce, según varios negociadores, por el volumen de nuevos desarrollos que se han puesto en marcha en los últimos años y por el interés por la vivienda pública de las inmobiliarias que operan en el área de Barcelona, una de las zonas que más están notando el parón en las ventas de pisos.

Entre 2000 y 2007 se construyeron sólo 15.800 pisos en toda el área

La capital catalana concentra un tercio de toda la vivienda del inventario

El avance que experimentarán estas localidades cuando se despliegue el pacto será significativo en comparación con los últimos siete años. Concentrarán el 49,6% de la vivienda pública catalana, frente al 35% del último Gobierno de CiU y el 40% del primer tripartito (véase el gráfico adjunto). Entre 2000 y 2007 se levantaron 15.800 pisos, una cantidad insuficiente para una demanda voraz y en crecimiento que sólo en Barcelona supera las 65.000 personas. La capital catalana concentrará la mayor oferta de vivienda pública (un tercio del total) gracias sobre todo a las promociones del 22@ y la Marina. Más tarde, añaden fuentes del Gobierno, aflorarán los pisos en zonas de Girona, Tarragona y Lleida.

¿Cuándo saldrán estos pisos al mercado? "Dependerá de los municipios. Algunos hasta ahora han sido bastante cicateros y los han ido soltando lentamente para ir cubriendo su demanda municipal", afirman las mismas fuentes. Pero hay un pacto firmado. Y tras sellarlo el pasado 8 de octubre, el presidente de la Generalitat, José Montilla, fue muy claro con uno de los alcaldes que asistieron a la firma: "Pasaremos lista".Los ayuntamientos tienen la llave para que el pacto se cumpla. Hay suelo y parece que seguirá habiéndolo. La Generalitat tiene cuatro meses para fijar en el mapa nuevas zonas residenciales. Se trata de ensanches estratégicos previstos en el decreto ley de urbanismo en suelos que pueden ser tanto rústicos como urbanizables. Según prevé el mencionado decreto, en estos barrios al menos la mitad de las viviendas serán públicas, y el Ayuntamiento dispondrá de un 15% del techo para equipamientos o más vivienda social.

Su urbanización será rápida. El decreto fija que en un año el Ejecutivo deberá aprobar "el plan o planes directores urbanísticos" de la mitad de estas zonas. Fuentes cercanas al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda afirman que estas áreas generarán alrededor de 50.000 viviendas públicas. En el caso de que el propietario del suelo no quisiera urbanizarlo, se podría llegar a su expropiación.

El director del Observatorio de la Urbanización de la Universidad Autónoma de Barcelona, Francesc Muñoz, asegura que si hasta ahora no han aflorado estas viviendas sociales es precisamente porque no ha habido una "visión territorial de conjunto". A su juicio, salvo los municipios con menos posibilidades de extenderse, el resto ha seguido un modelo de urbanización "expansivo" en el que primaban las casas unifamiliares, donde era difícil encajar la vivienda pública. "El pacto va hacia otro modelo, el de crear ciudades más densas y compactas con un parque residencial mucho más diversificado. Puede ser que la vivienda pública sea el elemento que facilite un nuevo urbanismo", asegura.

Otro motivo que lastraba la construcción de vivienda social, añade Muñoz, era la difícil gestión de los procesos de urbanización, que ahora se agilizarán. Los municipios no tendrán, pues, excusa para no promover vivienda. Fuentes cercanas a la Generalitat explican que varios alcaldes se resistían hasta hace poco a levantar pisos asequibles en sus municipios, puesto que era sinónimo de degradación. Los ayuntamientos del área metropolitana, añaden, han sido los primeros en sentir la presión ciudadana y, por ello, también los primeros en buscar suelo para alojamientos asequibles.

Tres de cada diez de los pisos que figuran en el inventario estarán en Barcelona. Tras la capital catalana, donde se promoverán 26.907 pisos sociales, Gavà (Baix Llobregat) concentra el mayor volumen de viviendas proyectadas (3.997) tras la aprobación de varios desarrollos, el mayor de los cuales es el Pla de Ponent. Cerdanyola del Vallès, que en los últimos siete años sólo ha construido 157 pisos públicos, tiene suelo para 2.219 viviendas. Aunque a años luz del resto, también en localidades como Esplugues de Llobregat, que en los últimos siete años, según la Generalitat, no ha levantado ni un piso protegido, tendrá un parque de 145 viviendas públicas. En cualquier caso, todos deberán ponerse las pilas, puesto que si no procuran que al menos el 15% de sus pisos sean sociales, podrán ser penalizados fiscalmente.