El centro de inmigrantes en Algeciras se colapsa al 123% de su capacidad

El Campo de Gibraltar acoge a 550 'sin papeles', su récord histórico

"La situación es explosiva. Anoche batimos un nuevo récord y ya tenemos 235 inmigrantes que superan la capacidad del centro, supuestamente de 190. Estamos desbordados". Uno de los policías que custodian el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras denuncia que el vaso del orden se puede rebosar en cualquier momento. Las mujeres duermen en la enfermería y la seguridad del centro corre peligro. No exagera. Hace dos semanas 24 inmigrantes se fugaron de la comisaría provisional de Era de las Torres. "Tiraron la reja abajo con una palanca y la fuerza bruta de todos.

Impresionante", relata. La masificación causa estragos. La Policía liberó días antes a 49 argelinos para dar cabida a otros 70 inmigrantes en el CIE, pese a que los primeros no habían cumplido la estancia de 40 días estipulada por la Ley.

El Campo de Gibraltar se ha convertido en el cajón de sastre de los sin papeles en Andalucía. Tras el mayúsculo escándalo descubierto en el CIE de Málaga que provocó la caída de su equipo directivo hace un año, los traslados de inmigrantes desde Canarias y otras provincias como Almería y Málaga hacia Algeciras y Tarifa han crecido sin freno. La última cifra ha llegado a los 550 internos repartidos entre el CIE, la Isla de las Palomas en Tarifa, y la nueva comisaría de Algeciras. Los calabozos de esta última llevan un mes con 150 internos en sus instalaciones, mientras a su alrededor los obreros descargan material a marchas forzadas. Será desalojada en los próximos días. "Como viene el ministro, hay orden de despejarlo todo", confía otro agente. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, inaugurará las instalaciones el próximo viernes, pero los sin papeles no están invitados al corte de la cinta.

Los extranjeros sin permiso de residencia deben ser liberados o repatriados en 40 días como máximo. Mientras el plazo legal se cumple, la saturación del CIE de Algeciras, ubicado en la antigua cárcel, ofrece espinosas condiciones de convivencia y una salubridad difícil de mantener bajo control, pese a contar con un médico. "Tengo dinero ahí fuera. He trabajado en la vendimia y la recogida de fruta. Sólo quiero salir de aquí. Tengo dinero", repite el argelino Sebaa Larbi mientras enseña su cartilla bancaria a través de los barrotes. A su lado Hasni Kema, de 27 años, reclama su libertad para acompañarle a trabajar.

En los días de mayor concurrencia, cerca de doscientos internos han estado vigilados por sólo tres policías. "¿Qué cómo cubrimos? Esa noche, a rezar. Pero lo peor es cuando tienes a un módulo con sarna y no cuentas con guantes ni mascarillas", señala un policía. Ante la falta de sillas, estos días algunos internos deben desayunar de pie.

A la nueva comisaría no se trasladarán todos los agentes por falta de espacio. El proyecto se ha construido según las necesidades del cuerpo de hace una década y no ha considerado el crecimiento de la plantilla y la dimensión del problema de la inmigración en la zona. Además, para amortizar el gasto de la obra el Ministerio vendió el terreno colindante a un promotor. Las viviendas se entregarán en breve y sus patios traseros están a tres metros de las ocho casetas que albergarán a los perros de la Policía. El conflicto de ruidos está asegurado.

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La plantilla de la Policía Nacional en Algeciras, de unos 370 agentes, está desbordada por muchos frentes. Además de la controvertida seguridad de una ciudad-frontera de Europa, atiende los traslados de una prisión con 1.700 internos debido a que se encuentra en el núcleo urbano y la Guardia Civil no posee competencias: juicios, funerales, atenciones médicas en hospitales... "Aquí se asume todo. Es una aberración ante la seguridad de los inmigrantes, la nuestra, y la de la población en general", resume un agente.

Un agente de la policía conduce a cuatro inmigrantes que intentaban entrar ilegalmente en España por el puerto de Algeciras, el pasado jueves.
Un agente de la policía conduce a cuatro inmigrantes que intentaban entrar ilegalmente en España por el puerto de Algeciras, el pasado jueves.JULIÁN ROJAS

Las mafias utilizan a embarazadas para la droga

Pasajeras de alto riesgo. La ruta en barco Ceuta-Algeciras tiene a diario turistas femeninas que juegan con fuego. Alrededor de una veintena de mujeres embarazadas transportan hasta 800 gramos de hachís introducidos en sus partes íntimas. Son las vagineras: Mujeres ceutíes que se zafan de someterse a la ecografía en el control policial tras alegar que están embarazadas, por unos 6.000 euros al mes. Ahora han escalado otro peldaño. "Han aumentado el riesgo y les hemos cogido bolas de cocaína", cuenta una agente de la Guardia Civil.Los interrogatorios están encaminados a que la supuesta embarazada confiese el transporte de la mercancía. Muchas de ellas mienten sobre su embarazo, pero no hay margen para el riesgo porque la salud del feto debe prevalecer sobre cualquier sospecha. Las agentes deben utilizar tests para embarazos y poder comprobar que éste existe, pero a menudo no disponen de fondos. "Cuando se ven acorraladas salen agresivas. El puerto es la pasarela de la droga", resume la agente.Junto a las vagineras, para las mafias también trabajan las matuteras, que trasladan en grandes bolsas ropa de primeras marcas falsificadas. Algunas viajan vestidas con hasta seis trajes y zapatillas varias tallas mayores. No se considera un delito sino una infracción y este tráfico ilegal se suele traducir en un "abandono expreso" de la mercancía. Los últimos en apuntarse al negocio en la lucrativa frontera son los rumanos culeros. "Cada rumano se traga entre 800 gramos y 1,3 kilos de hachís", confirma un policía.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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