Barco a la deriva

Un Pleno del Tribunal Constitucional (TC) formado sólo por 10 de sus 12 magistrados aceptó el pasado martes -gracias al voto de calidad de Vicente Conde- las abstenciones de la presidenta Casas y del vicepresidente Jiménez para la deliberación y fallo del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra dos modificaciones de su ley orgánica (LOTC) aprobadas por el Parlamento el pasado 24 de mayo. Se abren así las puertas -el recurso del grupo popular fue admitido a trámite por unanimidad el mismo día-a la anulación de ambas reformas por un TC de formato reducido: la prórroga del mandato trienal del presidente hasta la próxima renovación parcial del tribunal y la participación de los parlamentos autonómicos en la designación de los cuatro magistrados del Senado. El botín es suculento: la improrrogabilidad del mandato de Casas -concluido formalmente en junio- permitiría la ocupación de su cargo por un magistrado afín al PP que podría deshacer los empates con el voto dirimente de calidad del presidente, establecer el orden de discusión de los recursos y transformar al TC en una Tercera Cámara dedicada a desmantelar las leyes impugnadas por los populares durante la legislatura.

La crisis del Constitucional se agrava con las maniobras para sustituir a su presidenta

La alianza apenas disfrazada entre el PP y la mitad de los magistrados designados bajo su padrinazgo está acabando con la independencia del TC como el intérprete supremo de la Constitución que debería pronunciarse sobre los conflictos políticos desde un punto de vista estrictamente jurídico. La inicua recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, hecha suya por el bloque conservador para deshacer un previsible empate en el tribunal sobre el recurso del PP contra el Estatuto catalán, ha proseguido con la estimación de las abstenciones presentadas por Casas y Jiménez, cuyos excesivos escrúpulos les llevaron a temer la posibilidad de una apariencia de interés directo suyo en la interpretación de un precepto abstracto.

Aunque habrá que aguardar a la notificación del auto y de los votos discrepantes para ponderar los argumentos jurídicos enfrentados, la batalla para conquistar la presidencia del TC sin reparar en procedimientos resulta evidente. La prórroga del mandato presidencial recurrida por el PP no es sino la consolidación legal de un uso impuesto por la práctica desde la época de Tomás y Valiente. El Gobierno parece dispuesto ahora a recusar a dos magistrados del bloque conservador -García-Calvo y Rodríguez Zapata- por su contaminación en el pleito sobre la reforma de la LOTC; de conseguirlo, el jibarizado Pleno del tribunal encargado de resolver el recurso estaría compuesto por el mínimo legal de ocho magistrados. En cualquier caso, el Constitucional -la gran mayoría de cuyos miembros fue renovada bajo el mandato de Aznar- es un barco fantasma a la deriva, amenazado por el pirateo de los partidos y anegado por vías de agua que su dividida tripulación ni quiere, ni puede, ni sabe reparar. -