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El TSJ asume la investigación a Alperi por prevaricación

Junto al alcalde de Alicante y diputado hay cinco imputados

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se hace cargo de la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número ocho de Alicante por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencia, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida en la que están imputados el diputado y alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, aforado, miembros de la corporación, el constructor Enrique Ortiz y el gerente.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha asumido la investigación que se iniciara tras una denuncia presentada el 4 de noviembre de 2005 sobre presuntas irregularidades en la concesión de las licencias de construcción de varios aparcamientos subterráneos de Alicante. Así consta en un auto de fecha 11 de octubre que a lo largo de ocho folios explica las razones por las que la competencia pasa de un juzgado de instrucción al TSJ.

La denuncia presentada por José Luis Valdés Fernández aportaba 21 documentos que recogían la tramitación del expediente administrativo municipal sobre el concurso público convocado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante con fecha 17 de enero de 2003 para la construcción y explotación de tres estacionamientos subterráneos. El concurso inicial sufrió una modificación que supuso, a juicio del denunciante, un incremento de más del 20% y que se aprobó sin el informe del Consejo Jurídico consultivo obviando datos fundamentales. Quienes informaron negativamente a la modificación del contrato por el concesionario dejaron de tener cualquier tipo de competencia sobre el asunto. Un decreto del alcalde sustituyó a la dirección técnica y a la concejalía competente por la concejalía de Seguridad, ciudadanía, Tráfico y Transportes, que emitió el informe que permitía las modificaciones que quería el adjudicatario.

La Junta de Gobierno Local aprobó en sesiones de 14 de marzo y de 4 de julio de 2005, sin contar con un nuevo y preceptivo informe del servicio de Economía y Hacienda del consistorio, la ampliación de la concesión en siete años y medio. Resultado: la Junta de Gobierno aprobó unas obras que costaban un 20% más del presupuesto de Ejecución de Contrata aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. El quebranto económico se estima en 2.268.060,94 euros. Y la mercantil adjudicataria, Ortiz e Hijos, incumplió la modificación aprobada con relación a la estructura perimetral del estacionamiento que se ubica en la calle de Hermanos López de Osaba, beneficiándose económicamente de ello.

Tras las diligencias practicadas en el juzgado de instrucción de Alicante, se imputó a Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, diputado autonómico y por tanto aforado; Antonio Escobedo Moya, jefe del departamento Técnico de Tráfico y Planificación viaria; Enrique Tomás Ortiz Selfa, responsable de la mercantil Ortiz e Hijos (mercantil que compró terrenos a Terra Mítica en el proceso de suspensión de pagos y se prepara para urbanizar el entorno del parque en cuatro años); Luis concepción Moscardó, concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes cuando ocurrieron los hechos; Sonia Castedo Ramos, concejal delegada de Urbanismo y miembro de la Junta de gobierno; y Santiago Bernáldez Gazapo, director gerente de la constructora.

El problema de competencia se suscitó por la imputación de un aforado. Por tanto, el juzgado de Alicante lo derivó al TSJ. La Sala de Lo Civil y Penal acepta el caso, no acepta la renuncia al aforamiento solicitada por Díaz Alperi. Por tanto, a partir de que el juzgado de Alicante remita toda la documentación que componen las diligencias, la causa continúa adelante con el magistrado José Francisco Ceres Montés como instructor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de octubre de 2007