La Síndic reprueba a Barberá por el desalojo de los inmigrantes del Turia

El 16 de julio, a las 8 de la mañana, una tropa de barrenderos, trabajadores sociales y policías borró del mapa el asentamiento que había crecido en el viejo cauce del Turia. Los empleados del Ayuntamiento desalojaron a sus cien moradores, la mayoría inmigrantes, cargaron en un camión de basura los trastos de quienes no estaban allí, desinfectaron la zona y la vallaron. "No podemos aceptar la manera en que se realizó, ni en las formas, ni en el tiempo", reza el informe de la Sindicatura de Greuges conocido ayer, "en ningún caso es un método de intervención apropiado".

La intervención municipal causó la pérdida de "pasaportes y otros documentos"

Marta Torrado, concejal de Bienestar Social, rehusó responder a las preguntas formuladas por este diario sobre el informe. "No se entiende", se dice en él, "cómo la tercera ciudad de España en número de habitantes y la capital de la tercera provincia en el mismo parámetro no dispone de un centro de acogida o albergue de titularidad municipal que pueda prestar una atención integral, no solamente a los inmigrantes que lo necesiten, sino a otras personas sin hogar".

La subciudad bajo el puente de Ademuz, entre Nuevo Centro y la avenida de Fernando El Católico, existía de forma intermitente desde finales de los noventa pero se consolidó hace tres años. En sus mejores noches alojó a más de cien personas, buena parte de ellas subsaharianos que vivían en Valencia mientras duraba la recogida de la naranja. Se levantaban de madrugada, cruzaban la ciudad a pie y esperaban en la plaza de Manuel Sanchis Guarner a que una furgoneta los eligiera para ir a trabajar.

A medida que la fama del asentamiento creció, y las organizaciones que trabajan con inmigrantes y los medios denunciaron la situación infrahumana en la que se vivía en la colonia del Turia, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat insistieron en que el problema era del Gobierno. Muchos de los africanos, recordaron, llegaban a la ciudad desde centros de retención de Canarias. La recomendación de Emilia Caballero, Síndic de Greuges, acepta que el control de las fronteras y la expedición de permisos de residencia son cosa del Ejecutivo. Existe, sin embargo, un "bloque competencial", "la asistencia social básica", de la que son responsables las administraciones local y autonómica, afirma la Síndic.

Caballero condena el método utilizado por el Ayuntamiento que dirige Rita Barberá para suprimir el asentamiento: "Una intervención por sorpresa, forzosa y rápida", además de "poder lesionar otros derechos tiene consecuencias de otro orden: En el plano material, la pérdida de enseres y documentos costosamente conseguidos, como los pasaportes que fueron retirados y que actualmente se desconoce dónde se encuentran y que pertenecían a personas que no estaban allí".

El desalojo dejó con menos documentos todavía a unos cuantos sin papeles y, tras una primera actuación municipal, en la que se distribuyó a una parte de los habitantes del río en albergues y hostales, a casi todos sin un punto de referencia. El caso dejó a la vista la falta de una infraestructura básica. A pesar de los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento -la Síndic califica por ejemplo de "excelente" la creación del Centro de Ayuda a la Inmigración-, "el sistema actual ofrece plazas en lugares dispersos y de diferente tipología; no garantiza un techo durante todo el día en épocas en las que falta el trabajo e impide una intervención eficaz y sostenida", indica el informe.

La Síndic entregó su recomendación a la concejal Torrado hace unas semanas. Y ayer la dieron a conocer el Fòrum Alternatiu de la Immigració, la Xarxa de Acollida, la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants y la asamblea BaoBab.

Emilia Caballero pedía al Ayuntamiento y a la Consejería de Inmigración y Ciudadanía la creación de un centro de acogida. Torrado se comprometió a tener listo uno provisional (el definitivo tardará años) en diciembre. No dio, sin embargo, ningún dato sobre su ubicación o capacidad, ni si tendrá naturaleza pública o privada. A la reunión acudieron las entidades dedicadas a los inmigrantes, ignoradas normalmente por el Ayuntamiento. La concejal las emplazó a una nueva reunión el 28 de noviembre. Para entonces, aseguró Torrado, ya sabrá cuáles serán los rasgos básicos del centro.