Los ríos que el Consell se resiste a asumir

La Generalitat reclama sin cesar agua al Gobierno y critica su política hidráulica, pero no ha asumido las competencias sobre sus propios ríos, entre ellos varios de los que se han desbordado en la riada de La Marina.

Una sentencia del Tribunal Supremo anuló en octubre de 2004 parte del Plan Hidrológico del Júcar aprobado en 1998 porque el Estado no puede regular los cauces que nacen y mueren en una comunidad autónoma. Su competencia se reserva para los que recorren varias regiones. El fallo del alto tribunal implica que la Generalitat gestione los ríos internos. Una potestad que, además, prevé el propio Estatut d'Autonomia. Sin embargo, el Consell se ha resistido a aceptar esa responsabilidad. El traspaso de las competencias no se ha hecho efectivo.

La Generalitat se ha sumado estos días a la denuncia de parte de los afectados sobre la falta de limpieza de los cauces. Unos cauces que le adjudicó el Supremo hace tres años. Entre los ríos cuyo control corresponderá al Consell están el Girona, que la gota fría convirtió en un torrente salvaje que ha causado graves destrozos en El Verger y Els Poblets, o el Gorgos, que afectó a Xàbia. Los barrancos costeros, resecos en verano y peligrosos en otoño si arrecian las lluvias, entran en su competencia.

El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, se ha entrevistado varias veces con responsables del Ministerio de Medio Ambiente y ha abogado por la gestión coordinada con el Gobierno dentro de una demarcación única. En el último debate de política general en las Cortes, anunció que se creará una administración hidráulica valenciana. Pero sigue sin haber fecha para que el Consell se haga cargo de sus ríos. Según fuentes de la consejería, se ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente que cree una comisión mixta de transferencias. Ésta deberá precisar qué ríos se queda la Generalitat, los recursos asociados a su gestión y definir la planificación coordinada con el resto de la cuenca. El ministerio tuvo que especificar en un decreto el pasado febrero que la nueva demarcación hidrográfica del Júcar -se modifica para cumplir la directiva europea- se fija con la salvedad de que está pendiente la transferencia al Consell.