El TSJA suspende parte del PGOU de Sevilla para proteger el casco histórico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decretado la suspensión cautelar de 15 artículos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla. El auto judicial responde a un recurso presentado por la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía a partir de su impugnación inicial al nuevo PGOU, vigente desde julio de 2006. Los jueces han optado por paralizar los artículos mediante el que el plan urbanístico regía sobre 12 zonas del casco que aún no tienen un plan especial de protección. El Ayuntamiento recurrirá el auto.

La mayor parte del auto del TSJA hace referencia a las competencias que se atribuye el PGOU sobre el casco histórico de Sevilla. El Patrimonio Histórico Español quedó regulado por una ley aprobada el 25 de junio de 1985, que obliga al Ayuntamiento de Sevilla a elaborar un plan especial de protección para el conjunto histórico artístico de la ciudad. El centro histórico de la capital quedó dividido en 27 sectores y la Gerencia de Urbanismo adquirió el compromiso de elaborar un plan de protección para cada uno de ellos. Pero 22 años después, sólo 15 sectores cuentan con uno de estos planes, mientras que los otros 12 aún están pendientes.

Hasta que en julio de 2006 se aprobó el nuevo PGOU, la Comisión Provincial de Patrimonio (dependiente de la Consejería de Cultura) detentaba las competencias urbanísticas sobre estas 12 zonas carentes de norma propia. Cualquier actuación que afectara a estos sectores tenía que pasar por el filtro de la administración autonómica, como ocurrió en el caso de las reformas de la plaza de la Encarnación o la Alameda de Hércules, dos de los grandes proyectos iniciados en los últimos años.

El nuevo PGOU regula las condiciones necesarias para las actuaciones urbanísticas en todos los sectores del casco histórico y se erige como norma principal en aquellas zonas que aún no cuentan con plan especial. Según el TSJA, todos los artículos del plan que inciden en esta premisa pueden infringir la ley, por lo que los jueces han decretado su suspensión cautelar hasta que decidan si existe o no esa vulneración.

El Ayuntamiento tiene 10 días para recurrir el auto y el delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo, anunció ayer que va a hacerlo. Si el recurso fuera rechazado, las competencias urbanísticas sobre los sectores del conjunto histórico pendientes de plan especial volverían a la Junta. El delegado de Urbanismo insistió ayer en una de las consideraciones en las que también inciden los jueces en su auto: la suspensión cautelar se decreta antes de entrar a estudiar a fondo el asunto "para asegurar la eficacia real del pronunciamiento futuro y evitar daños irremediables".

No obstante, Carrillo aseguró que la suspensión cautelar no afecta a ninguno de los grandes proyectos que están en marcha en la ciudad. Asimismo, el delegado de Urbanismo adelantó que espera que todos los planes de protección estén concluidos a finales de 2009.