Los municipios deberán reservar el 40% del suelo para pisos sociales

El Gobierno catalán aprobó ayer un decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística que fija instrumentos para obtener suelo para levantar viviendas sociales y obedece a la necesidad de adaptar la normativa catalana a la nueva Ley del Suelo de ámbito estatal. El decreto eleva las reservas de suelo para viviendas protegidas previstas en la Ley del Suelo (30%) y establece que en municipios de más de 10.000 habitantes y capitales de comarca se deberá reservar hasta el 40% del techo residencial previsto, en los siguientes porcentajes: el 20% a pisos protegidos de régimen general, el 10% a precio concertado y el 10% a un nuevo tipo de vivienda concertada que recibirá ayudas de la Administración catalana.

El decreto facilitará el cumplimiento del Pacto Nacional por la Vivienda aprobado la semana pasada, que tiene como principal objetivo la movilización de suelo para 250.000 viviendas protegidas en los próximos 10 años. La nueva normativa también prevé la posibilidad de que la Generalitat elabore planes urbanísticos que incluyan las llamadas áreas residenciales estratégicas, donde los pisos protegidos serán, como mínimo, la mitad del total. El Gobierno prevé que el decreto permita, a los 12 meses de su entrada en vigor, disponer de suelo para levantar la mitad de las viviendas previstas.

El procedimiento del decreto ley (sin trámite parlamentario), está previsto tanto en el Estatuto en vigor como en el de la República, pero nunca se había utilizado.