El juez destapa comisiones ilegales del 20% en el Gobierno de CiU
Acusados de malversación los ex altos cargos de una empresa pública- Los donativos opacos a Unió bajaron un 66% cuando cambió la Generalitat
Un juez de Barcelona considera acreditado que en 2003 al menos un constructor pagó comisiones de hasta el 20% del contrato que recibió cuando trabajó para Adigsa, empresa pública de la Generalitat de Cataluña encargada de la rehabilitación de viviendas sociales. La investigación del cobro de comisiones ilegales por parte del Gobierno de CiU surgió a raíz de una denuncia del entonces presidente catalán, Pasqual Maragall, en un pleno. Maragall sugirió entonces que sus antecesores en el Ejecutivo cobraban comisiones ilegales del 3%.
Los directivos de Adigsa en 2003 están a un paso de sentarse en el banquillo después de que el juez haya encontrado indicios de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial y mercantil.
La investigación se inició por la denuncia de Maragall. Tras dos años de investigación, el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha dictado un auto en el que responsabiliza de diversos delitos a ocho personas, entre ellas los responsables de Adigsa en 2003.
Ferran Falcó y Josep Antoni Fondevila, entonces presidente y consejero delegado de Adigsa, figuran entre los imputados. Falcó es ahora primer teniente de alcalde por CiU en Badalona. El juez acredita que José María Penin, un intermediario sin contrato en Adigsa, pidió a un constructor que elaborase presupuestos para la empresa por un 20% más de lo que costaba la obra, y llegó a cobrar comisiones por 60.000 euros.
Un año después de esos hechos, dejar el Gobierno catalán le salió muy caro a Unió Democràtica de Catalunya. El partido socio de Convergència perdió el 61% de sus ingresos en 2004, coincidiendo con la llegada de la izquierda a la Generalitat. Así lo indica el último informe del Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio de 2004. Según el tribunal, los donativos anónimos y opacos, principal fuente de financiación de Unió, bajaron un 66% aquel año, lo que explica el descenso generalizado de los ingresos del partido democristiano.
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