El centro de instrucción contra incendios de Ordizia sigue sin uso casi un año después de su inauguración

La Escuela del Fuego (Su Eskola), un edificio singular de la Diputación de Guipúzcoa ubicado en Ordizia y dedicado al adiestramiento en la extinción de incendios, no ha iniciado su actividad casi un año después de su inauguración. La diputada de Presidencia de Guipúzcoa, Edurne Egaña, afirmó ayer en las Juntas Generales que este equipamiento todavía no se ha puesto en marcha porque se está elaborando un plan de gestión del mismo.

El centro de instrucción en la lucha contra el fuego fue inaugurado a mediados de noviembre del año pasado tras una inversión pública de 3,1 millones de euros. Ocupa una extensión de 1.117 metros cuadrados y fue presentado por el anterior gobierno foral como un "centro pionero en el Estado", abierto tanto a los cuerpos de bomberos de la provincia como a profesionales de los servicios de emergencias y empresas. También se había previsto que diera servicio a Euskadi, Navarra y provincias limítrofes. Los responsables políticos aseguraron que en este moderno edificiose iban a impartir clases a 4.000 personas al año.

Casi un año después de su presentación pública, la Escuela del Fuego no ha echado a andar. Egaña informó de que el plan de gestión que se está redactando determinará su funcionamiento, los servicios que se ofrecerán y a quiénes irá dirigido esta instalación. Y subrayó que el deseo de la Diputación es que abra sus puertas lo antes posible, sin precisar ningún plazo.

La diputada de Presidencia también salió al paso de un informe del Tribunal de Cuentas Públicas (TVCP), correspondiente a 2005, que advierte de irregularidades en la contratación de las obras de construcción de la Escuela de Fuego. Dicho estudio fiscalizador concluye que la adjudicación de los trabajos se realizó por el anterior gobierno foral incumplimiendo los principios de publicidad y concurrencia en la adjudicación.

Egaña afirmó que esta apreciación del TVCP es "incorrecta" puesto que al concurso para redactar el anteproyecto se presentaron seis empresas. La firma adjudicataria, según se recogía en el pliego de condiciones que dio a conocer la diputada, estaba también obligada a elaborar el proyecto de ejecución y a asumir la construcción del edificio. También desmintió que no existiera "un presupuesto que soporte el importe adjudicado", como dice el TVCP.