El juez interroga a los causantes del incendio de L'Alcalatén

El titular del juzgado número 2 de Castellón interrogó ayer a dos de los tres operarios de Montelpa, subcontrata de Iberdrola, que originaron el incendio que a finales de agosto arrasó la comarca de L'Alcaltén y afectó a cerca de 5.500 hectáreas. El tercer trabajador ya declaró a mediados de septiembre ante el juez después de que ellos mismos reconocieran que los trabajos que realizaban con una sierra radial, junto a una torre de media tensión, fueron el origen de las chispas que acabaron prendiendo la vegetación, tal como se desprende de un informe que consta en las diligencias. La maquinaria, al parecer, carecía de las defensas exigibles para la realización de trabajos con riesgo. Con estas tres declaraciones, el juzgado ha finalizado con los interrogatorios a los imputados ya que, de momento, no se ha concretado ninguna imputación más.

La causa judicial se abrió por un presunto delito de incendio por imprudencia y en la misma han solicitado personarse tanto la Generalitat como el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen). Sin embargo, de momento, no se ha aceptado la personación de este colectivo ecologista, por lo que sus representantes no pudieron estar presentes ayer en la declaración de los imputados y tampoco han tenido acceso a las diligencias que se instruyen y que se abrieron de oficio en cuanto se conoció que la causa del incendio había sido una negligencia.

Personaciones pendientes

También los alcaldes de los municipios afectados anunciaron su intención de personarse en la causa, aunque han aplazado la toma de esta decisión, con lo que la Unió de Llauradors i Ramaders, que vinculó la presentación de una denuncia a la acción de los alcaldes, aún está, igualmente, al margen del proceso. Quien también anunció su voluntad de denunciar a la empresa fue la asociación de afectados creada tras el incendio. Sin embargo, tampoco estos se han personado de momento.

Por su parte, la Generalitat ha paralizado el expediente sancionador que, por la vía administrativa, abrió después de señalar que el origen había sido a causa de una negligencia. Según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, la causa es que todo expediente administrativo se paraliza siempre que existe una causa judicial abierta, a la espera de la decisión que adopte el tribunal. Sin embargo, el vicepresidente segundo del Consell, Gerardo Camps, anunció el 15 de septiembre la apertura del expediente sancionador contra Iberdrola Distribución Eléctrica y la subcontratista Montelpa, SL, por presunta infracción de la Ley Forestal en materia de seguridad y prevención de incendios forestales, cuando la investigación judicial ya estaba en marcha. Camps incluso dijo que "el expediente puede acabar concluyendo que no hay responsabilidad, que hay una responsabilidad administrativa o que hay responsabilidad administrativa con calificación como delito, con lo cual se trasladaría a la fiscalía".