La Generalitat quiere nombrar una nueva dirección de Cercanías antes de enero

El secretario de Movilidad, Manel Nadal, expresó ayer en voz alta lo que el Gobierno catalán piensa desde hace semanas: que las medidas adoptadas por el Ministerio de Fomento para arreglar la situación en Cercanías no han dado resultado. Lo que no dijo es que Política Territorial ya ha comunicado a Fomento su voluntad de que haya una nueva dirección de Cercanías a principios de año. Y sobre todo, de que esa dirección sea nombrada por el Ejecutivo catalán, dentro del paquete de medidas hacia el traspaso total de competencias.

Hace unos días, Fomento se reunió con los sindicatos, que habían convocado una huelga, luego desconvocada, para protestar contra el traspaso de Cercanías a la Generalitat. Esto implicaba, en su opinión, fracturar Renfe Cercanías en 17 empresas diferentes, algo que, en su opinión, atentaba contra sus derechos laborales. A la reunión fue invitado un representante del Gobierno catalán, Manuel Villalante, director general de Transportes Terrestres. Acudió "por cortesía", según fuentes del Ejecutivo autónomo, pero "se fue a la mitad". El Gobierno catalán se niega a tratar con los sindicatos el desarrollo de una ley como el Estatuto que establece que los servicios ferroviarios con origen y destino en Cataluña son competencia de la Generalitat.

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Villalante comunicó a los representantes sindicales la voluntad del Gobierno catalán de reconocer sus derechos laborales e incluso de mantener reuniones con las centrales en el ámbito catalán o con representantes del conjunto de España. "La Generalitat reconocerá los derechos y buscará una fórmula que, una vez consumados los traspasos, garantice la movilidad laboral, es decir, que un trabajador pueda solicitar ir a cualquier parte de España desde Cataluña y a la inversa, pero nada más", afirmó un miembro del Ejecutivo autónomo.

La actitud de los sindicatos se ha visto auspiciada por altos cuadros de Renfe, directamente contra la opinión del presidente de la compañía, José Salgueiro, que en esto sigue al pie de la letra las instrucciones de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, favorable al traspaso.

Las reuniones con el Ministerio de Fomento y las aportaciones a la comisión en la que se negocian los traspasos se mueven ahora con un calendario preciso. Antes del 1 de enero debe haber acuerdo sobre las competencias que traspasar. La fecha queda definida por el compromiso formal expresado por el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Este primer traspaso debe incluir las competencias sobre el servicio y, también, los activos de Cercanías en Cataluña, es decir, los trenes. Pero no se acaba ahí lo que el Gobierno catalán entiende que debe incluirse en el paquete de transferencias. Fomento debe comprometerse también a transferir las cantidades previstas para compensar a Renfe por el contrato programa 2007-2010. O sea, el dinero que compensa a la compañía ferroviaria por el precio político del billete, ya que se ve obligada a prestar servicios a un precio inferior al de su coste. Estas cantidades deben figurar en los traspasos, opina el consejero Joaquim Nadal.

No son las únicas. El Gobierno catalán entiende que tienen que incluirse en el paquete las previsiones de inversión en Cercanías para los próximos años. La situación de la red no es la óptima, según han dejado claro las múltiples averías que se han producido en el último año hasta ayer mismo. Aceptar el servicio en su estado actual supondría un esfuerzo inversor inasumible para las arcas autonómicas.

Hasta aquí la primera fase de los traspasos, que es la parte sobre la que, en opinión del Gobierno de la Generalitat, deberá haber un acuerdo antes de principios de año. Luego viene la segunda: el traspaso propiamente dicho y la organización de la empresa como dependiente del Gobierno catalán. El equipo negociador de la transferencia de Cercanías, que depende directamente del consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, trabaja con la idea de que el traspaso sea escalonado. Primero, se define lo que se transfiere. En la fase intermedia y antes del 1 de enero, el Gobierno catalán cuenta con disponer de un representante en el Consejo de Administración de Renfe Cercanías de Cataluña, además de poder nombrar al equipo directivo de la empresa en Cataluña.

Sociedades separadas

Una vez que la empresa esté ya formalmente transferida y la Generalitat se convierta en su propietaria, la idea, al menos inicialmente, es que sea una sociedad autónoma, como es Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Hubo un momento en que se tomó en consideración el proyecto de fusionar ambas compañías, pero la tesis dominante hoy en el Gobierno catalán es mantenerlas separadas con direcciones independientes y, más adelante, constituir un holding que integre a ambas. Uno de los elementos que han contribuido a esta decisión es el comportamiento del presidente de FGC respecto a los cargos imputados en el cobro de un fondo de pensiones ilegal durante la época de CiU. Nadal envió estos fondos al Tribunal de Cuentas, pero el presidente de FGC ha insistido en promocionar a los imputados que quedaban en la compañía, hasta el punto de que en algún caso ha sido el propio departamento el que ha intervenido para reconvenirle. Según fuentes del Gobierno catalán, la formación del holding no es una decisión definitiva. Dada la edad del presidente de FGC, Joan Torres, si éste se jubilara antes, podría reconsiderarse el asunto.