Huido

Dicen que Carlos Fernández, el prófugo de la justicia del caso Malaya, cantó la gallina antes de esconderse y por eso no ha sido aprehendido por la policía. También dicen que se alzó con el control del Partido Andalucista en Málaga en una reunión donde espetó a los dirigentes de esta formación política: "Ustedes tienen candidatos, pero yo aporto candidato y financiación". De ser cierta, la frase tuvo que ser determinante ya que su lugarteniente en Marbella, Pedro Pérez, acabó de secretario provincial del PA. Dicen que sin el trabajo oscuro de Carlos Fernández no se habría producido la moción de censura que arrancó a Julián Muñoz del sillón de la alcaldía de Marbella. Y cuentan que fue en la casa de este personaje menudo, licenciado en Mercadotecnia por la UNED, donde se celebró la primera, y luego también la última reunión donde Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y él mismo negociaron el pacto de gobierno que posibilitó el posterior repartido del botín.

La gente no debería creer todas las cosas que se dicen de Carlos Fernández. Yo, por ejemplo, nunca me he creído que la justicia no quiera atraparlo, aunque reconozco momentos de duda. Por el contrario, siempre me ha parecido posible la teoría de la financiación irregular del PA -como mínimo del PA que se montó Fernández en Marbella- a través de las arcas municipales. De ahí que no sea nada extraña la decisión del juez de Marbella, Gonzalo Dívar, de reactivar la investigación en torno a las actividades que desarrollaron los ediles del PA al frente de las delegaciones que gestionaron. Unas diligencias que partieron de las quejas de varios trabajadores municipales que aseguraron haber sido coaccionados para donar parte de su nómina al PA, así como para afiliarse a esta formación política como condición previa a la renovación de sus contratos.

Por estos hechos, el magistrado ha imputado a 12 personas en la causa y por siete presuntos delitos: malversación de fondos públicos, coacciones, falsedad, fraude, estafa, exacción ilegal y contra la libertad de los trabajadores. Entre ellos se encuentra el propio Fernández, que ya cuenta con antecedentes anteriores de cómo llevarse el dinero de las nóminas de otros. Sobre él pesa una condena en firme a dos años de cárcel por malversación. Un asunto que arrastraba de su etapa de edil del GIL, cuando se apoderó, junto a un empleado municipal, de 82.000 euros destinados a pagar los salarios de los futbolistas del San Pedro. Al menos ocho jugadores le acusaron de obligarles a firmar recibos por un dinero que nunca vieron y bajo la amenaza de quedarse sin contrato. Gil lo expulsó de su partido por robar sin su permiso.

La ratificación de esta sentencia por parte del Tribunal Supremo va a permitir que, por primera vez, el Ayuntamiento de Marbella pueda empezar a recuperar parte del dinero escatimado de las arcas municipales. Pero resulta que, y ya es mala suerte para ser la primera, Fernández está huido y no conocer su paradero dificulta enormemente las cosas. Este tipo se ha convertido en un prestidigitador del hurto que lleva más de un año en situación de busca y captura, una particular forma de vida que solo es posible si uno sabe cómo esconderse y/o los demás no saben cómo encontrarlo. Y Fernández, en su condición de fugitivo, parece encontrarse como pez en el agua, aunque el agua le llegue al cuello.

De la misma manera que Julián Muñoz siempre encuentra un hueco en las páginas de los periódicos, Carlos Fernández se ha escurrido del caso Malaya. La última vez que cogió el móvil estaba realizando el camino de Santiago y habrá que suponer que, después del tiempo transcurrido, no sólo ha debido finalizar el jubileo sino consumado otras muchas peregrinaciones. Casi todas, menos la que todo el mundo está esperando: la que le lleve a la meca judicial. Este artículo sólo pretende ser un pequeño recuerdo en la conmemoración de los 15 meses que lleva desaparecido, una efeméride que ha pasado sin pena -hay condena, pero no la ha cumplido- y sin la gloria mediática de haber sido detenido.