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Editorial:

Un plan de todos

Tras más de cinco meses de negociaciones, la Generalitat ha logrado alcanzar un gran pacto con empresarios, sindicatos, cajas de ahorros y una treintena de organizaciones para afrontar el complicado acceso de la mayoría de los ciudadanos a la vivienda. La iniciativa supondrá el despliegue de un amplio paquete de medidas de las que el Ejecutivo catalán prevé que se beneficien 440.000 familias, desde los sectores más desfavorecidos hasta mileuristas y la clase media. La principal actuación es la movilización de suelo para construir 250.000 pisos protegidos, de los cuales 160.000 deberán salir al mercado antes de 2016. La segunda apuesta es la rehabilitación de 300.000 pisos del parque existente. De las dimensiones del proyecto da fe su coste: 8.221 millones de euros (a costear en su mayoría por el Gobierno autónomo) que deberán generar otros 14.400 millones de inversión indirecta.

El acuerdo, inédito en España, atiende a la principal preocupación de los ciudadanos. Pero además, permitirá mantener en marcha la potente maquinaria de las inmobiliarias y constructoras cuando se avecinan vacas flacas para el sector. Las estimaciones de las patronales apuntan que el pacto garantizará al menos el 20% de toda la producción residencial de la próxima década y creará 150.000 empleos. Tener listas para su ocupación al menos 160.000 viviendas antes de 2016 -unas 20.000 por año- es un objetivo sobradamente asumible, más allá de las dificultades para lograr suelo allí donde más se necesita, que es el área metropolitana de Barcelona.

Por primera vez un Ejecutivo elabora un documento consensuado con todos los agentes implicados en la promoción de vivienda asequible, en el que fija y delimita las responsabilidades de cada uno para asegurar el despliegue de las 180 medidas que contempla. Su presunción de credibilidad estriba en que su propio carácter de acuerdo con patronales, ayuntamientos, cajas de ahorros, sindicatos, notarios y otros organismos garantiza la continuidad de todas las actuaciones con independencia de los posibles cambios de color del Ejecutivo catalán. La firma de los promotores y constructores supone un salto adelante, pues hasta ahora los empresarios sólo levantaban poco más del 20% de los pisos protegidos. Y la tradicional falta de suelo se aborda con la integración de los ayuntamientos en el pacto. Éstos deberán inventariar todos sus terrenos para vivienda social, agilizar los trámites de sus nuevos desarrollos para garantizar que el 15% de su parque de pisos sea vivienda asequible. Si no llegan a esta proporción, los consistorios podrán ser penalizados fiscalmente dentro de 20 años.

El pacto sólo exhibe un elemento polémico, no menor: no se ha aprovechado su impulso para eliminar la eventualidad de expropiación temporal del usufructo de los pisos vacíos, prevista no en su propio texto, sino en una ley ya en trámite. El mantenimiento de esta inconveniente e innecesaria medida ha sido aprovechado por la oposición de CiU y el PP (pero no por Ciutadans) como coartada para no sumarse, cuando estaban de acuerdo en todo. Obviamente, es un error que empaña un plan que debía acoger a todas las fuerzas políticas de Cataluña.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de octubre de 2007