Los hombres que juzgarán a Fujimori

El futuro del ex presidente Alberto Fujimori y de la estabilidad política en Perú está en manos de los tres jueces del tribunal que juzgará a quien gobernó el país andino toda la década de los noventa. Prófugo de la Justicia durante siete años, Fujimori se sentará en el banquillo ante tres magistrados de la Corte Suprema para rendir cuentas de graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción que se cometieron durante su Gobierno. Es una oportunidad histórica para que el Poder Judicial demuestre su madurez, ha dicho Francisco Távara, presidente del más alto tribunal peruano. De momento, todas las miradas y no pocos recelos se concentran en los tres integrantes de Sala Penal Permanente de la Suprema Corte.

CÉSAR SAN MARTÍN. Un penalista polémico

Preside el tribunal que juzgará a Fujimori. A sus 52 años es un reconocido penalista con un buen bagaje académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lima. Cuando era juez de primera instancia y cercano a las organizaciones de derechos humanos fue expulsado de la carrera judicial por el Gobierno fujimorista. Pero la vida da muchas vueltas y San Martín trabajó posteriormente como asesor de dos ministros de Justicia de Fujimori. Estampó su firma en documentos que negaban la práctica de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado contra las organizaciones rebeldes Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Un informe del Comité Contra la Tortura de la ONU concluyó que dicha práctica era sistemática en Perú en los años de violencia. Fue recusado por los abogados del ex presidente en el juicio del autogolpe de 1991. Es vocal de la Corte Suprema desde 2004.

VÍCTOR PRADO. Un consultor internacional

De 52 años, presidió la quinta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima que ve casos de corrupción. Ha trabajado como consultor y experto de la ONU, la OEA y la Comunidad Andina de Naciones en asuntos de lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado. "Es un juez que dictó buenas sentencias contra la corrupción y a favor de los derechos humanos, aunque tiene un par de casos polémicos, como un fallo sobre la falsificación de firmas en la época fujimorista, que no calificó de delito", según el IDL.

HUGO PRÍNCIPE. Lucha contra el 'narco'

De 57 años, tercer vocal de la Sala Penal Permanente, no se le conoce ninguna sentencia controvertida. En 1985, investigó el caso de Villa Coca, tras la explosión de un laboratorio de cocaína en la casa de Reynaldo Rodríguez, el Padrino, el narcotraficante más poderoso de la época. En el caso estuvieron implicados políticos y altos mandos policiales. En el año 2003, acogió una denuncia contra una decena de ex funcionarios fujimoristas implicados en un escándalo de uso irregular de ropa donada.

J. A. PELÁEZ BARDALES. El fiscal de las matanzas

Es el fiscal del caso de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta (25 muertos), perpetradas por el grupo paramilitar Colina, creado en el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). El papel del fiscal es determinante en el juicio por homicidio calificado y lesiones, destacan las fuentes consultadas, mientras que la parte civil (abogados de organizaciones humanitarias) acompaña y refuerza. Peláez Bardales genera temores en círculos judiciales porque acaba de incorporarse a un caso con un expediente complejo y muy voluminoso.

"Si el Ministerio Público es débil, los acompañantes se convierten en actores centrales, y los abogados de las organizaciones de derechos humanos no están muy preparados", advierte el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, especialista en la materia.

Sobre el fiscal Peláez Bardales, de familia aprista (el partido del presidente Alan García), planean algunos interrogantes, que se despejan cuando se habla de su adjunto, Avelino Guillén, experto en litigios contra Fujimori. Si, como es previsible, los juicios llegan a la fase de apelación, el fiscal en esta segunda fase será Pablo Sánchez, artífice de la acusación contra Fujimori respecto de sus vínculos con el grupo Colina. Sánchez aportó testimonios y evidencias de que el ex presidente conocía perfectamente a los cabecillas de ese "escuadrón de la muerte", porque antes de los asesinatos los había condecorado y ascendido de grado.

"Nosotros sabemos dónde está cada uno. Sabemos qué jueces absolverían a Fujimori y quiénes lo condenarían. Los primeros se amparan en una supuesta postura garantista, que cuestiona todas las pruebas presentadas (cintas de vídeo, grabaciones, declaraciones) para lograr la absolución del acusado", opina Ronald Gamarra.

"Puede haber errores en algunas pruebas, pero, felizmente, quienes integrarán la Sala de primera instancia, al menos dos de tres, son buenos profesionales y merecen un voto de confianza", agrega este especialista.