El Gobierno abre la vía para la recusación de dos magistrados conservadores del Constitucional

Madrid - 12 oct 2007 - 00:00CEST

El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo que faculta al Abogado General del Estado para realizar actuaciones ante el Tribunal Constitucional en relación con el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra la reforma que prorroga el mandato de la presidenta y el vicepresidente del tribunal hasta su renovación. El acuerdo aprobado ayer abre la vía a plantear en su momento, ante el Pleno del Constitucional, una eventual recusación de los magistrados Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, con la finalidad de que no puedan juzgar una reforma contra la que se han pronunciado públicamente.

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De plantearse finalmente la medida, será la primera vez en la historia del alto tribunal que un Gobierno recusa a magistrados constitucionales. No obstante, el Servicio Jurídico del Estado no podrá realizar ninguna actuación hasta que el Pleno del Constitucional admita a trámite el recurso, decisión que todavía no ha sido adoptada.

El Pleno debe anunciar previamente que ha aceptado las abstenciones de la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente Guillermo Jiménez. Las abstenciones de ambos fueron deliberadas y votadas el pasado 27 de septiembre, sin la asistencia de Casas ni Jiménez y registró un empate a cinco, resuelta a favor de las abstenciones por el presidente accidental, Vicente Conde, que utilizó su voto de calidad en favor del sector conservador. Decidida la abstención de Casas y Jiménez, se encargó al ponente de la resolución, el progresista Pablo Pérez Tremps, que redactase el auto admitiéndola. Pero la propuesta presentada por Pérez Tremps fue tumbada por los conservadores, que pretenden introducir en la resolución unos argumentos destinados a blindar a García-Calvo y Rodríguez-Zapata frente a una eventual recusación por parte del Gobierno.

El previsible intento de apartar del Pleno a García-Calvo y Rodríguez-Zapata responde a que ambos exigieron a la presidenta su dimisión por entender que la reforma de la ley no daba cobertura a la prórroga de su mandato. En una carta a la presidenta, ambos expresaron su más "profunda discrepancia" con la reforma de la ley.

Autorización del Gobierno

Si una eventual recusación de García-Calvo y Rodríguez Zapata fuese aceptada, devolvería el control del Pleno al sector progresista, que quedaría integrado por cinco magistrados progresistas y tres conservadores. Sin embargo, fuentes de Justicia precisaron que el acuerdo aprobado ayer no supone que el Gobierno haya tomado ya la decisión. La habilitación al Abogado del Estado le faculta para actuar en el recurso, pero, según Justicia, antes de presentar la recusación tendría que producirse otra autorización del Gobierno.

En cualquier caso, el Abogado General del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, ha estado estudiando la viabilidad de la recusación tras examinar la carta de García-Calvo y Rodríguez-Zapata en la que expresaron sus posiciones contrarias a la reforma que ahora pretenden juzgar.

En principio, ambos magistrados podrían haber incurrido en la causa del artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativa a "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa". En este caso, por tener interés en el recurso del PP contra la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOTC).

El Pleno del Constitucional volverá a abordar el próximo martes el texto del auto encargado a Pérez Tremps sobre las abstenciones de la presidenta y el vicepresidente, y si se adecua a las directrices del Pleno, volverá a reproducirse la votación que dejará definitivamente fuera a Casas y Jiménez.

El Pleno debe pronunciarse a continuación sobre la admisión a trámite del recurso del Partido Popular, aunque ésta puede retrasarse en espera de que los magistrados progresistas redacten sus votos discrepantes de la decisión de la mayoría.

RECURSO CONTRA LA CÚPULA DEL CONSTITUCIONAL

MARÍA EMILIA CASAS. Una prórroga cargada de polémica

La presidenta María Emilia Casas (catedrática de Derecho del Trabajo) se ha visto envuelta en una de las peores crisis que ha vivido el Tribunal Constitucional en toda su historia. La batalla planteada por el PP contra las iniciativas legislativas del Gobierno y, sobre todo, el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, han convertido a la presidencia del Constitucional en un objetivo político de primer orden. Por eso ahora, su prórroga al frente del organismo gracias a una enmienda de urgencia en la ley que regula el alto tribunal, se ha convertido en un nuevo motivo de la batalla política.

GUILLERMO JIMÉNEZ. En el mismo lote que la presidenta

Guillermo Jiménez Sánchez (catedrático de Derecho Mercantil) ha compartido con María Emilia Casas la alta dirección del Tribunal Constitucional y su cargo también se ha visto afectado por la reforma legal impulsada por el Gobierno, ya que el artículo 16.3 de la Ley Orgánica del Tribunal, menciona conjuntamente la prórroga del mandadato de la presidenta y el vicepresidente. Guillermo Jiménez pertenece al sector conservador y tras presentar su abstención permanece como espectador pasivo del conflicto, pero aunque le pese va en el mismo lote que la presidenta.

RECUSACIÓN CONTRA EL FRENTE CONSERVADOR

ROBERTO GARCÍA-CALVO. El conservador que exigió la dimisión de la presidenta

El conservador Roberto García-Calvo, uno de los artífices en la estrategia del PP para hacerse con el control del Constitucional, puede ser recusado por el Ejecutivo a raíz de la carta dirigida en julio a la presidenta exigiéndole su dimisión y en la que anticipaba sus opiniones sobre la norma cuestionada por el PP. Para García-Calvo, la reforma del mandato de la presidenta, de la que discrepa profundamente, no la legitima para seguir en el cargo y tal "irregularidad" se acrecienta por el hecho de que no ha sido el Pleno el que ha acordado la prórroga.

JORGE RODRÍGUEZ-ZAPATA. El especialista en votos discrepantes

Jorge Rodriguez-Zapata es conocido en el Tribunal por la abundancia de votos particulares discrepantes que presenta a las decisiones de la mayoría. En los últimos tiempos, su nombre aparece indisolublemente unido al de Roberto García-Calvo en cartas a la presidenta del Tribunal, entre ellas, en la que exigía su dimisión. Y al igual que su compañero de estrategias, se negó a retirar el escrito de dimisión de la presidenta, pese a que los demás conservadores no lo respaldaron para no contaminarse. Por ese mismo motivo, puede ser recusado por el Gobierno

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