La cruz de la reforma de El Polvorín
Pisos mal acabados y vecinos que se sienten engañados sellan la rehabilitación del barrio
El barrio de El Polvorín, que se levanta en la falda de la montaña de Montjuïc, acaba de sufrir una transformación urbanística radical. Pero a algunos de sus vecinos les ha quedado en el rostro un poso de amargura. El proyecto de rehabilitación integral del barrio, que se inició en 1995, ha terminado con la demolición progresiva de 500 pisos afectados de aluminosis y la construcción en los mismos solares de otras tantas viviendas en las que se han realojado los habitantes del barrio.
Estos años el proyecto se había venido desarrollando sin conflictos, pero ahora que está a punto de finalizar, decenas de vecinos se han lanzado a criticar la gestión del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), el departamento dependiente de la Generalitat que ha supervisado todo el plan.
"Algunas personas compraron un piso antes de la reforma para especular", dice Rosa
Las nuevas viviendas cuestan a los vecinos entre 30.000 y 40.000 euros, una cantidad irrisoria si se compara con lo que cuesta un piso en el mercado libre. Las condiciones que fijó el Incasòl para beneficiarse de estas ventajosas condiciones era haber estado empadronado en el barrio antes del 12 de septiembre de 1995 y haber tenido la vivienda como primera residencia. Sin embargo, hay 18 familias que dicen haber vivido toda la vida en El Polvorín y que deberán depositar cerca de 120.000 euros, cuatro veces más.
"He nacido y he vivido toda la vida en el barrio, pero cometí el error de independizarme de casa de mi madre", cuenta Emilia Giménez. Esta mujer sigue viviendo en El Polvorín, pero al haberse emancipado en 1996, el Incasòl la considera "fuera de censo" y deberá rascarse el bolsillo para comprar su nueva vivienda. No le queda más remedio, porque su casa, incluida en la última fase del plan de rehabilitación, está a punto de ser derribada. "Lo peor no es eso", dice María José Antaya, en la misma situación. "La Generalitat se niega a financiarnos la compra del piso. Nos mandan a un banco a hipotecarnos y al final nos saldrá el doble de caro", cuenta.
Miquel Dosta, técnico del Incasòl que ha supervisado los trabajos en El Polvorín, asegura que la Generalitat se ha limitado a aplicar la ley y que en estos casos "es necesario hacer una lectura muy estricta del censo para evitar prácticas fraudulentas y especulativas". Dosta piensa que esas 18 familias no deberían sentirse agraviadas: "Esos vecinos no cumplían con los requisitos del censo y aun así les hemos facilitado un piso protegido sin pasar por un sorteo público. No entiendo que se molesten. Los que sí tendrían razones para enfadarse son, por ejemplo, las 55.000 personas que en febrero tuvieron que presentarse a un sorteo de sólo 1.500 viviendas", afirma Dosta.
Desde la asociación de vecinos de El Polvorín aseguran que algunas personas que sólo llevaban viviendo en el barrio dos años se han hecho con alguno de los pisos por 30.000 euros. "Se enteraron del plan de rehabilitación y se compraron una de las viejas casas para después comprar una de las viviendas nuevas por cuatro duros", dice Rosa. "Eso es imposible", asegura Dosta. "Y si es así, que lo demuestren", añade.
Otro factor que ha soliviantado los ánimos de los vecinos se refiere al mal acabado de algunos de los pisos ya entregados. Desconchados en las paredes, manchas de cola en el suelo, puertas picadas e instalaciones eléctricas mal puestas. "Hace seis años que me dieron el piso y cada vez que llueve hay humedades en la pared", dice Luis. Muchos vecinos aseguran que, hartos de no obtener respuesta de la Administración, han tenido que pagar los arreglos de su bolsillo.
El caso más estrambótico lo ha protagonizado Vicenta Díaz, una mujer que lleva tres años y medio atrincherada en una de las viviendas de nueva construcción. Dice que le tocó por sorteo, pero que el Incasòl la obliga a irse a otro más pequeño y "con peores vistas". "No pienso marcharme. Si vienen los Mossos, les tiraré las bombonas de butano por la ventana", asegura. El caso acabó en el juzgado y en junio la mujer recibió una orden de desalojo. Ahora Vicenta tiene tres pisos: el que le asignó el Incasòl, el que ha okupado y la vieja vivienda en la que vivía antes, ya que también se niega a devolver las llaves.
Mientras Vicenta entona el no nos moverán, su nieta, de sólo tres años, demuestra tener bien aprendida la lección: "Mi pisito con trastero vale menos que el café de Zapatero", recita la niña obediente ante la mirada satisfecha de la abuela.
