Táboas presenta el registro único como el fin del fraude en los pisos protegidos

La titular de Vivenda, Teresa Táboas, recordó ayer que el cobro de sobreprecios en la venta de pisos protegidos es "un fraude a los gallegos que pagan con sus impuestos la expropiación de los solares y la urbanización de las parcelas" destinadas a vivienda pública. La conselleira se mostró sorprendida por el alto número de fraudes detectados y defendió el registro único de demandantes que su departamento utilizará para adjudicar los pisos como el mejor remedio para acabar con las irregularidades. Desde hace ocho meses la Xunta ha recibido 10.233 demandantes de pisos, el 40% de ellos en Vigo.

El demandante de vivienda protegida en Galicia es una persona de 25 a 45 años, con unos ingresos que no superan los 1.677 euros por unidad familiar que busca una vivienda de entre dos y tres dormitorios en alguna de las siete grandes ciudades de Galicia. El perfil lo ha trazado la Consellería de Vivenda que tiene ya en su poder un primer mapa para responder a las necesidades de pisos protegidos en Galicia. El registro único de demandantes puesto en marcha por el departamento de Teresa Táboas hace ocho meses para adjudicar los pisos a precio tasado acumula ya 10.233 solicitudes, la mayor parte de ellas en los siete grandes ayuntamientos de Galicia.

Las ciudades de Vigo, A Coruña, Santiago y Pontevedra acumulan el 85% del total de solicitudes. Con 4.099 inscripciones, el 40% del total, Vigo encabeza la clasificación de demandantes, seguido de A Coruña (2.537 solicitudes, 24,6%), Santiago (1.287, 12,5%) y Pontevedra (1030 solicitudes, 10%). Lejos de esas cifras se quedan ayuntamientos como Ferrol, (463 demandantes, 4,5% del total), Ourense, 453, 4,4% y Lugo, la ciudad donde menos peticiones se han registrado, 298, lo que supone un 2,9% del total de Galicia.

Como segunda opción por detrás de las grandes ciudades, los interesados en adquirir una casa de precio tasado han elegido municipios de las grandes áreas metropolitanas como Nigrán, Redondela o Porriño en el sur, o Culleredo, Oleiros, Cambre y Arteixo en las proximidades de A Coruña.

En el extremo contrario figuran 106 pequeños municipios para los que no se recibió ni una sola petición de pisos protegidos. La conselleira de Vivenda atribuyó este hecho a la falta de información en los ayuntamientos y anunció una campaña de divulgación en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias para que la información "llegue a todo el territorio". La titular de Vivenda recordó que el año pasado fue el de mayor licitación de pisos protegidos, "con la calificación de 6.300 unidades calificadas que se entregarán durante los próximos años".

El instrumento creado por la Xunta que ha ya ha sorteado más de 200 viviendas servirá, según palabras de Teresa Táboas, para "poner fin al fraude en la venta de pisos protegidos". La conselleira reconoció que no esperaba un número tan elevado de irregularidades, pero descartó que el fraude fuese una "práctica generalizada" en la venta de pisos de protección oficial. La responsable del departamento de Vivenda recordó que el cobro de sobreprecios no es sólo una estafa a los compradores sino "a todos los gallegos que pagan con sus impuestos la expropiación de los solares y la urbanización de las parcelas" donde se levantan los edificios. Por ello, anunció que la Xunta estudia emprender acciones judiciales contra Construcuatro, la promotora de la que el presidente del PP, Telmo Martín es consejero delegado y a la que Vivenda ya ha sancionado con una multa de un millón de euros y la devolución de las comisiones ilegales cobradas a los compradores.

Precisamente ayer, Antonio Salceda, el abogado que representa a una veintena de vecinos del edificio Castelao afectados por el fraude anunció que solicitará la comparecencia de la Consellería de Vivenda y de los representantes de la delegación de este departamento en Pontevedra en el proceso judicial abierto contra Construcuatro en el Juzgado de instrucción número 2 de Vigo. El representante legal de este grupo de perjudicados acusan al departamento de Teresa Táboas de no adoptar ninguna medida contra la constructora, a pesar de que "hubo avisos y denuncias reiteradas por parte de los propietarios contra la promotora". La propia Táboas insistió ayer que su gabinete había actuado con celeridad en cuanto recibió la primera denuncia.