El Senado inicia sin el PP la reforma para la elección de magistrados del Constitucional

El Senado debe elegir antes de diciembre cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y el proceso empieza hoy. Tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la cámara debe reformar su reglamento para adaptarse a la nueva forma de elegir a los magistrados, por primera vez con participación de las comunidades autónomas. También por primera vez, con la oposición de uno de los partidos mayoritarios.

El PP hizo público ayer su rechazo a dar un solo paso para cumplir con la renovación de los magistrados en los términos actuales. En rueda de prensa, el portavoz parlamentario, Pío García-Escudero, confirmó que su grupo votará hoy en contra de la toma en consideración de la propuesta de reforma del reglamento que ha presentado el PSOE.

Los socialistas cuentan con las firmas de PNV, CiU y la Entesa Catalana. La toma en consideración viene a ser la admisión a trámite del proyecto y a partir de su previsible aprobación hoy, se inicia la tramitación parlamentaria. Sin embargo, la negativa del PP a participar compromete todo el proceso, ya que en último término los nuevos nombramientos deben ser votados por tres quintos del Senado, una mayoría imposible de lograr sin el PP.

García-Escudero se quejó ayer de varias cuestiones en relación con la reforma del reglamento. En primer lugar, respecto al contenido de la reforma, opinó que "no dice cómo se va a hacer, no establece un sistema" y además, "afecta a lo que la Constitución dice que es el Senado".

Recurso al Constitucional

El nuevo método de elección propuesto consiste en que el Senado comunica a las comunidades autónomas que se abre el plazo para proponer candidatos al Constitucional. Cada parlamento autónomo puede proponer un máximo de dos. De los posibles 34 candidatos, la Comisión de Nombramientos del Senado elegirá a cuatro, los que le corresponde nombrar según la Constitución. Finalmente, esos cuatro son votados en el Pleno. El texto que se vota hoy incide especialmente en que la potestad de nombrar sigue siendo del Senado.

El argumento principal del PP para oponerse es que este partido recurrió al propio Tribunal Constitucional la participación autonómica en la elección de magistrados. El alto tribunal aún no se ha pronunciado sobre este recurso, por lo que, en palabras de García-Escudero, el PP pide "prudencia" hasta que haya una decisión. "Estimamos que, mientras no haya una resolución, no se debería mover ni un dedo".

García-Escudero también tuvo quejas para la forma en que se ha presentado la proposición de reforma. "Históricamente las modificaciones del reglamento se han pactado entre todos los grupos. Esta vez se ha hecho de una forma atentatoria contra nuestra dignidad como grupo. El PSOE primero pacta con los otros grupos y luego nos dice 'esto son lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas". El PP es el grupo mayoritario en el Senado. Coalición Canaria también anunció ayer que se opondrá a la reforma del reglamento del Senado. Según declaró el portavoz Alfredo Belda a Europa Press, no porque no estén de acuerdo con la participación de las autonomías en los nombramientos del tribunal, sino por el perjuicio que, en su opinión, el PSOE y el Gobierno están causando a Canarias.

Esta polémica se enmarca en el delicado juego de mayorías entre jueces conservadores y progresistas que se dirime en el Constitucional para analizar los recursos del PP contra 19 leyes de esta legislatura, especialmente el Estatuto de Cataluña. La anterior renovación por el Senado respondía a la mayoría parlamentaria de 1998. El PP propuso tres nombres y el resto, otro. Esos cuatro magistrados deben ser renovados en diciembre, pero la mayoría parlamentaria es otra. El Senado debe elegir dos jueces conservadores y dos progresistas. Por tanto, los conservadores perderían un magistrado y la mayoría quedaría siete a cinco a favor de los progresistas, al menos, durante los próximos tres años.