Tortura y otras violencias

El pasado día 1 este periódico difundió la noticia del posible enjuiciamiento de 13 funcionarios penitenciarios por los presuntos malos tratos infligidos a casi una treintena de presos de la cárcel de Quatre Camins tras los sucesos de abril de 2004. Se incluye entre ellos a los entonces director y subdirector médico de la prisión. Los relatos de los internos, que en algún caso extrae el artículo, son estremecedores y parecen de otros tiempos. Sin embargo, se han producido aquí y ahora, y en su día pudieron salir a la luz gracias al trabajo de algunas organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos. Posteriormente, la justicia y el constante trabajo del equipo de abogados han ido tejiendo el camino de un proceso penal que esperamos que esclarezca estos episodios aberrantes.

Deberían realizarse visitas sin previo aviso a cárceles, comisarías y centros de menores

Lamentablemente, la investigación que en su día inició el Departamento de Justicia concluyó con un archivo que dejaba en la impunidad unos hechos tan graves pese a reconocer que 26 presos habían sufrido numerosas y acreditadas lesiones a manos de unos funcionarios a quienes esa investigación administrativa no había alcanzado a identificar ni en un solo caso. Resulta absolutamente imprescindible, también para el buen nombre de los profesionales penitenciarios que cumplen correctamente con su trabajo, que se establezcan las responsabilidades de quienes abusaron presuntamente de su posición para maltratar -en ocasiones brutalmente- a los presos cuya custodia les corresponde. Asimismo, últimamente hemos tenido conocimiento de nuevos episodios de malos tratos en la cárcel de Briñas que están siendo investigados.

Antes del verano la prensa también reflejó -esta vez incluso con imágenes- los malos tratos causados en una comisaría de los Mossos d'Esquadra a un hombre y a una mujer detenidos. Asimismo, el último Informe de la Coordinadora estatal para la Prevención de la Tortura señala que en 2006 Cataluña está por primera vez a la cabeza de denuncias por torturas y malos tratos en toda España (véase: www.prevenciontortura.org).

¿Qué está pasando? ¿Cómo es ello posible? Estas y similares preguntas se escuchan últimamente. ¿Hay algo que pueda hacerse para frenar, prevenir y sancionar semejantes formas de violencia institucional? Sí, hay caminos que recorrer en esa dirección.

El 22 de junio de 2006 entró en vigor el Protocolo Facultativo de la ONU a la Convención contra la Tortura. Entre algunas de las novedades más sobresalientes cabe señalar la creación, aún no realizada, de los llamados "mecanismos nacionales de prevención" de la tortura y de los malos tratos. Especialmente prevé este protocolo que los Estados descentralizados como el español puedan crear mecanismos independientes como el señalado. Estos mecanismos tendrán la facultad de visitar periódicamente todos los centros de privación de libertad y realizar informes públicos con observaciones y recomendaciones. El Estado español es uno de firmantes de esta nueva normativa internacional que ha entrado en vigor, pero aún no se ha desarrollado.

Después de haber realizado durante años una campaña para la ratificación del citado protocolo, esta Coordinadora para la Prevención de la Tortura, tanto la estatal como la catalana, viene trabajando para que se pongan en funcionamiento los mecanismos de inspección señalados a fin de que se cumpla lo que manda el derecho positivo vigente. En este sentido, la coordinadora catalana ha presentado formalmente al Parlament, a los departamentos de Justicia e Interior y al Síndic de Greuges, una propuesta concreta para la realización de esos mecanismos.

La asunción de competencias por parte de la Generalitat en numerosas materias que afectan a la privación de libertad, justifica plenamente la creación de estos mecanismos para las visitas de, al menos, los centros penitenciarios, los de menores, las dependencias de los Mossos d'Esquadra, de las policías locales y de las unidades psiquiátricas penales. De acuerdo con el protocolo antes citado, que es un tratado internacional con plena validez jurídica, las visitas deben realizarse sin previo aviso y en estrictas condiciones de privacidad e independencia.

Esta última nota, la independencia -tan citada en la norma internacional-, creemos que sólo puede garantizarse plenamente si son los organismos de la sociedad civil, con una acreditada trayectoria en materia de lucha contra la tortura, los que integren y trabajen efectivamente en los citados mecanismos nacionales de prevención. Crear estos mecanismos sin el concurso efectivo de las organizaciones mencionadas sería rebajar y devaluar absolutamente las expectativas que despierta la nueva normativa internacional.

El paradigmático caso de las presuntas torturas de Quatre Camins salió a la luz pública por el trabajo de las organizaciones sociales. Éstas tienen ahora la posibilidad, prevista en el nuevo ordenamiento jurídico, de trabajar con más herramientas en la lucha por la erradicación de la lacra comentada. Las autoridades políticas tienen ya el proyecto presentado por esta coordinadora. La respuesta que se dé a ello, como todo el proceso de implementación de los mecanismos de prevención, será el escenario de representación en que cada parte mostrará su mayor o menor voluntad de trabajar en la dirección apuntada. La coordinadora catalana no trabaja sólo en el ámbito de la denuncia -ámbito imprescindible, desde luego-, sino también en el de las propuestas positivas. Esperemos que, en esta ocasión, las autoridades políticas sean verdaderamente sensibles a estas propuestas. Evitar episodios como el de las presuntas torturas en Quatre Camins se convierte en un auténtico imperativo de una sociedad democrática y de un Estado transparente.

Iñaki Rivera y Montserrat Munté son integrantes de la Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura, integrada por 17 entidades.