Promesas a plazo fijo

Con los intereses que ha generado el dinero para pagar las vacaciones a las amas de casa andaluzas -que todavía están esperando disfrutarlas-, la Junta podría costear ahora los 600 euros al mes que ha prometido a los jóvenes que quieran seguir estudiando y carecen de recursos para ello. Con lo que ha sobrado del presupuesto destinado a un ordenador por alumno en los colegios públicos, se podrían levantar algunas de las VPO para familias con menos de 3.000 euros al mes. Y con el ahorro de espacio en los hospitales -ya que donde iba a colocarse una única cama sigue habiendo dos-, se podrían incrementar los 2.500 euros del cheque-bebé. Los números deberían cuadrar. Sólo se trata de pagar una promesa con el dinero que ha rentado haber incumplido la anterior.

Siempre he querido creer que cuando un político hace una propuesta en campaña electoral el coste está cuantificado y, si gana, la partida se prevé en el presupuesto ¿O es que no la hacen? No puede ser. Si al final no se ha gastado el dinero previsto, hay que suponer que el coste de la promesa se ha metido en un banco, a plazo fijo y generando intereses. Dado que algunas de ellas se arrastran de décadas, el dinero debe de haberse multiplicado, por lo que se podría llegar a la conclusión de que ha sido un buen incumplimiento. Se lo explico. Si en su día le hubieran preguntado a usted ,ama de casa, si prefería unas vacaciones o una VPO dentro de diez años, la respuesta habría sido clara: el piso. Imagínese si se hubiera ido de vacaciones o si a su hijo le hubieran puesto el ordenador en el pupitre que ya se habría quedado antiguo; de dónde sacarían ahora el dinero para prometer el piso.

La democracia española ha dado un salto cuantitativo. Estamos convirtiendo los programas electorales en un talonario de cheques-descuentos. Aquí ya no se trata de modificar las políticas que hacen posible cambiar las cosas, sino de atender las exigencias de un modelo económico insaciable cuyo mantenimiento necesita ser subvencionado. Ha ocurrido con el boom de la construcción, auspiciado por las propias administraciones y que ha provocado un hecho insólito: se han levantando más pisos que nunca, pero también hay más gente que no puede acceder a ellos. Ahora son las propias administraciones que han participado en la creación del problema, las que buscan respuestas para sufragar económicamente la solución. Pero en vez de cambiar el modelo para propiciar pisos más baratos, lo único que se les ocurre es ofrecer ayudas más altas.

Han sido tradicionalmente los partidos de izquierdas los que más se han preocupado por remediar y consolidar el Estado del bienestar. De ellos están partiendo medidas muy plausibles, pero también algunas otras desconcertantes y frívolas. Una de las mayores carencias de este Estado del bienestar es la de resolver la conciliación entre de la vida familiar y laboral. Ya se ha universalizado la enseñanza entre los tres y seis años, pero sigue habiendo un serio problema para afrontar la educación infantil de 0 a 3 años por falta de guarderías. Los próximos Presupuestos del Estado incluirán una partida de 100 millones de euros para destinar nuevas plazas de guarderías a quiénes más las necesitan, mientras las ayudas indiscriminadas por nacimiento, el llamado cheque-bebé, supone un monto económico 12 veces superior. Lo que resulta un contrasentido mayor que el que pretende resolver.

Al hilo de todo esto, Justo Navarro escribió hace varias semanas que el Estado empieza a tratar a una sola persona como pobre y acaba tratando a todo el mundo como pobre. Entre universalizar la educación infantil desde 0 a 3 años o dar el famoso cheque-bebé hay una enorme diferencia, y ha quedado claro que se opta por lo segundo. Pese a ello, el mayor reproche que se me ocurre ante tantas nuevas promesas sociales no es que sean electoralistas, sino que algunas hayan tardado tanto tiempo en llegar y que otras sólo van a servir para incrementar la renta de las promesas a plazo fijo.