Todos menos CiU y el PP

Al final estarán todos menos Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP). El Pacto Nacional por la Vivienda se firma hoy en la Generalitat en un acto en el que estará presente el presidente catalán, José Montilla, junto a los máximos responsables de vivienda de su Ejecutivo y al que acudirán 34 entidades del sector. El portavoz de CiU en el Parlament, Felip Puig, recordó ayer que su grupo no acepta el alquiler forzoso de viviendas previsto en el plan. "No habrá pacto, habrá un pacto entre el Gobierno y algunos agentes sociales; mientras CiU no esté en el pacto, no será un pacto nacional", aseguró.

Presentado en abril por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, que dirige Francesc Baltasar, el pacto es un exhaustivo documento de 200 páginas que fija cinco retos que cumplir, detalla medidas para lograrlo e incluso calcula su coste económico [véase el gráfico adjunto]. Para hacerlo realidad, deben mojarse todos: desde los promotores y constructores, hasta Cáritas, pasando por los ayuntamientos, vecinos, cajas de ahorro y colegios profesionales.

El acuerdo prevé movilizar 8.200 millones de euros en 10 años

"Mientras CiU no esté en el pacto, no será un acuerdo nacional", dice Felip Puig

Lograr el consenso no ha sido fácil por la dificultad de casar intereses. Pero, sobre todo, porque el pacto se puso sobre la mesa cuando en ésta ya había otro controvertido fajo de papeles: la Ley del Derecho a la Vivienda, que lleva dos eternos años de trámite y que muchos interlocutores han utilizado de moneda de cambio en la negociación. Los que siguen son los agentes llamados a firmar, su postura definitiva y sus argumentos.

- Partidos de la oposición. Precisamente la ley y su polémico artículo 42.6, que prevé destinar las viviendas vacías a alquiler social, ha sido el principal escollo para sumar voluntades entre los partidos. Ni CiU, ni el PP, ni Ciutadans están dispuestos a aceptarlo. Los dos primeros han condicionado su retirada a la adhesión al pacto, y al no ser descartado, no firmarán. CiU insiste en que la formación estaría dispuesta a firmar si cayera el alquiler forzoso. Algo que han intentado incluso sugiriendo redacciones alternativas a la expropiación. Además, han amenazado con llevar la Ley al Consell Consultiu por el 42.6. En el caso de Ciutadans, su presidente, Albert Rivera, destaca que su formación no vincula los textos y recuerda que no votará la ley.

- Promotores y constructores privados. La adhesión de las asociaciones de constructores y promotores que preside Enric Reyna ha sido la más polémica. La patronal consiguió barrer para su casa en cuestiones de la ley como las cesiones de suelo para hacer pisos sociales en suelo urbano -rebajó las exigencias- o el sistema de adjudicación de viviendas públicas cuando las construyen ellos -adjudicarán el 30%, cuando ahora adjudican el 100%. La foto de Francesc Baltasar y Reyna causó malestar incluso dentro del propio partido del consejero, ICV, y levantó polvareda en el tripartito, donde los sectores más izquierdistas temieron que el pacto "se desnaturalizara". El presidente del Gremio de Constructores, Néstor Turró, celebra la previsión de levantar 160.000 pisos sociales en un momento de vacas flacas y el empuje a la rehabilitación, "una actividad más sostenible que la obra nueva". El presidente de la Cámara de Contratistas, Rafael Romero, valora que el pacto recoja la experimentación de nuevos métodos constructivos y materiales en las futuras promociones de protección oficial.

- Promotores públicos y cooperativas. El presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda, Pere Esteve, destaca que se haya llegado a un consenso que "dé cobertura a la promoción de pisos que las cooperativas llevan décadas haciendo". Cansado de "cambiar de papeles cada cuatro años", el presidente desde la Asociación de Fundaciones de Viviendas sin Ánimo de Lucro, Francesc Borrell, espera que el pacto "sea capaz de dar continuidad a las políticas de vivienda". Ferran Julián, presidente de la asociación AVS, que agrupa a los promotores públicos de vivienda y suelo, valora que en el texto se "territorialicen las políticas de vivienda de forma que los ayuntamientos y no sólo el Incasòl puedan promover vivienda protegida", aunque cuestiona "la poca definición en las ayudas a la compra de suelo".

- Sindicatos. Ni la UGT ni CC OO decidieron su postura hasta última hora. UGT considera el pacto "insuficiente", aunque celebra el "paso adelante" y el consenso logrado, por lo que ha optado por un "sí crítico". CC OO no dijo que sí hasta que logró de Baltasar el compromiso por escrito de que no se retirará el alquiler forzoso de viviendas de la ley. Por parte de USOC, Xavier Sanz valora el consenso logrado", aunque expresa cierta duda sobre "cómo se coordinarán las listas de solicitantes de las cooperativas y los ayuntamientos con el registro único" que prevén la ley y el pacto.

- Ayuntamientos. El protagonismo que el pacto da a los ayuntamientos es el principal elogio de las entidades locales. El presidente de la Federación de Municipios, Manel Bustos, destaca el reconocimiento de éstos en la política de vivienda. Desde la Diputación de Barcelona, la diputada de Urbanismo y Vivienda, Anna Hernández, apunta la necesidad de dotar a los ayuntamientos pequeños de herramientas de ayuda para los trámites administrativos de gestión del suelo.

- Vecinos y consumidores. La inyección de dinero estimada en el plan -8.221 millones de euros en 10 años-es la principal preocupación de la federación de las asociaciones de vecinos, la CONFAVC. Su presidente, Joan Martínez León, celebra, con todo, la mera existencia del pacto, el protagonismo de los vecinos en su discusión y el principio de solidaridad urbana, que obliga a todos los ayuntamientos a levantar VPO. También firmará el pacto la federación de asociaciones de Barcelona, FAVB, tras cuestionarlo inicialmente y expresar su temor a que el alquiler forzoso desapareciera de la Ley. Desde la organización de consumidores OCUC, su presidenta, Montserrat Torrent, celebra los capítulos destinados a los derechos de los consumidores y usuarios en la compra y la lucha contra el mobbing o las viviendas sin cédula de habitabilidad.

- Colegios profesionales. También los colegios valoran el pacto y su capacidad de sumar: los API, la profesionalización de los intermediarios inmobiliarios; los arquitectos y aparejadores, las cuestiones técnicas, de calidad y la rehabilitación, y los notarios, o la resolución de aspectos técnicos y fiscales. Sólo Josep Maria Gual, presidente de los administradores de fincas, tacha de "utópicos" el global de cifras y el calendario.

- Entidades sociales. La atención que el pacto presta a cuestiones como el asedio inmobiliario, las infraviviendas, las viviendas para mayores y los pisos de inclusión para colectivos en riesgo llevan tanto a Cáritas como a Justícia i Pau a celebrar, en palabras de sus presidentes, Jordi Roglà y Arcadi Oliveras, "que el pacto hable del concepto de vivienda digna" y de "la vivienda como fuente de cohesión social". Jaume Soler, del Consejo Nacional de la Juventud, se apunta como victoria de la entidad el incremento del porcentaje de viviendas de alquiler.