Los juzgados de Barcelona encargan cada año a los Mossos 55.000 actuaciones como carteros

¿La policía debe hacer funciones de cartero? La pregunta parece absurda, pero la realidad es incuestionable. Los Mossos d'Esquadra, como en su día el Cuerpo Nacional de Policía, dedican miles de horas al año a cumplimentar trámites burocráticos que les encargan los juzgados de Barcelona y que podrían canalizarse a través de los funcionarios judiciales. El año pasado la justicia encargó a la policía autonómica 55.564 requerimientos y hasta el pasado 1 de octubre ya se habían contabilizado 40.322, según cifras del propio cuerpo.

La tramitación de un proceso judicial es larga y la ley establece que determinados pasos se han de notificar personalmente a cada ciudadano afectado: desde una citación para acudir al juzgado como denunciante, denunciado o testigo, a comunicarle o transmitirle una decisión que adopta el juez. Por ejemplo, en un proceso penal, que ha de afrontar una responsabilidad civil antes del inicio del juicio o que se va a sentar en el banquillo.

Son las garantías del proceso judicial, que generan un papeleo tan enorme que perturba cualquier conciencia ecologista. El año pasado, por ejemplo, los juzgados de lo civil de Barcelona tramitaron 231.707 diligencias de ese tipo, y los juzgados de lo penal, 124.332. Para poder comunicar todos esos trámites existe un cuerpo de funcionarios especializados adscritos a lo que se denomina Servicio de Actos de Comunicación (SAC).

En el caso de los juzgados de lo civil, son 176 personas en turnos de mañana, tarde y noche, para asegurarse de que en un momento u otro del día el afectado estará en su domicilio y, por tanto, se le podrá comunicar personalmente el trámite o la decisión judicial. En el caso de los juzgados de lo penal, sólo hay 57 funcionarios, que no llegan a todo. Cuando esa citación o requerimiento no la puede finalizar el funcionario judicial y ha de regresar de nuevo al domicilio del afectado es cuando la justicia acaba encargando a la policía que asuma ese trabajo. En otros casos, el juzgado ni siquiera lo intenta y se acude directamente a los Mossos.

Tres veces al día

Desde su despliegue en Barcelona, el 1 de noviembre de 2005, los Mossos d'Esquadra insisten, sin éxito, en que no les corresponden esas funciones. Lo mismo que en su día hizo el Cuerpo Nacional de Policía. Y es que, al año, son miles de horas de servicio de las patrullas.

"Cuando se cursa un requerimiento para que busquemos a alguien para que declare, tenemos que acudir hasta en tres ocasiones a su domicilio a distintas horas del día. Y si no le encontramos, el juez solicita en ocasiones que le busquemos en otra dirección, algo que le resultaría más fácil al propio juzgado", explica Josep Milán, máximo responsable de los Mossos d'Esquadra.

Un secretario de juzgado, por ejemplo, puede acceder a las bases de datos del padrón municipal y de la Tesorería de la Seguridad Social, algo que les está prohibido a los Mossos. Así está dispuesto por la ley y así ha de ser, pero lo chocante es que el juzgado ordene a la policía averiguar el domicilio de un ciudadano si las bases que permiten conocer ese dato son accesibles desde el mismo despacho del secretario, porque en su día se le asignaron unas claves de acceso.

La falta de control sobre los secretarios judiciales por parte del Ministerio de Justicia y de la Generalitat les ha situado históricamente en un limbo de responsabilidad profesional, de manera que, por ejemplo, no se puede saber cuántos utilizan esas claves de acceso a las bases de datos y ni siquiera si las han estrenado. Y mientras tanto, la policía sigue haciendo funciones de cartero.

"Hay requerimientos judiciales que nos obligan a emplear mucho tiempo y muchos recursos en balde. Es parecido a lo que nos sucede con las alarmas que se disparan. Siempre tenemos que enviar una patrulla para ver qué ha pasado. Y en el 90% de las ocasiones resulta que no hay ningún problema", reflexiona Milán.

Todo el personal judicial, sean funcionarios o interinos, depende del Departamento de Justicia de la Generalitat. Cualquier aumento de plantillas, modificación de horarios o reorganización interna no es posible sin su consentimiento porque la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a las comunidades autónomas con competencias traspasadas la gestión y organización de la oficina judicial. Es éste un concepto abstracto del que se habla desde hace años, pero cuya mejora sigue siendo una asignatura pendiente de la justicia. La secretaria de Justicia del departamento, Àngels Vivas, explica que desconocía que la policía realizase tantos trámites burocráticos y que ignoraba cuál era el origen exacto de tanto papeleo.