El gran negocio de las alegaciones

Las cantidades de dinero que determinados profesionales, como abogados, arquitectos o aparejadores, están reclamando a los propietarios de parcelas que necesitan alegar contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella (Málaga) quitan el aliento. "Les llegar a pedir hasta 8.000 euros por hacer unos trámites que no requieren gran esfuerzo, una vez que se conoce el procedimiento", explican expertos consultados. "Unos les timaron cuando compraron unas viviendas sin saber que eran ilegales y otros les tratar de estafar por segunda vez aprovechándose de su miedo a cargar con la culpa", añaden.

Los técnicos de la Junta encargados de orientar a los ciudadanos que acuden al Palacio de Congresos a consultar el PGOU les aconsejan que no se dejen convencer ante presupuestos para alegaciones demasiado elevados. Algunas asociaciones vecinales ya han salido al paso reclamando al Ayuntamiento de Marbella y a la Junta de Andalucía asistencia jurídica gratuita.

El plazo de alegaciones termina el próximo 15 de octubre y los funcionarios auguran una avalancha de quejas para los últimos días. Desde agosto sólo se han registrado 200, aunque fuentes municipales estiman que se superarán las 1.500.

El nuevo PGOU trata de poner orden a 15 años de descontrol urbanístico en Marbella. Propone regularizar 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones. Se trata de que los promotores y constructores devuelvan las zonas verdes y de equipamiento escatimadas con sus promociones aportando terrenos que mejoren la calidad de vida en la ciudad. Los propietarios de estas viviendas temen que los empresarios traten de escurrir el bulto y sean ellos quienes tengan que pagar las cargas urbanísticas.

Desde el pasado agosto, fecha en la que comenzó el periodo de alegaciones, varios profesionales conocidos por su vinculación al Ayuntamiento han ofrecido sus servicios a los vecinos. El aparejador Antonio Belón, funcionario de Urbanismo en excedencia, ha repartido octavillas en las comunidades de propietarios ofreciendo sus servicios y el arquitecto Antonio Chacón, antes vocal de la gestora propuesto por el PP, también trabaja en ello. Al tiempo, Chacón forma parte de un comité asesor de la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) en temas urbanísticos.

Esta semana, la agrupación socialista ha solicitado al Ayuntamiento marbellí información sobre la compatibilidad del trabajo de Chacón. Los socialistas han pedido al secretario municipal que aclare si el ex vocal está afectado por una prohibición de intervenir en asuntos relacionados con el Ayuntamiento durante dos años contados a partir del cese en su cargo en la Comisión Gestora. El arquitecto defiende su derecho a ejercer su profesión y subraya que su puesto en la Gestora no estaba vinculado al Urbanismo, por lo que no maneja información privilegiada. En el Ayuntamiento aseguran que sus consejos son "altruistas".

La urbanización Bello Horizonte es una de las múltiples comunidades afectadas por el sistema de compensaciones del nuevo planeamiento. Según los vecinos, la promotora Macoda, constructora del conjunto residencial, se declaró en suspensión de pagos y no hizo entrega al Ayuntamiento de las parcelas de equipamiento que estaba obligada. Ahora el PGOU les exige que aporten estas zonas por sus medios. Se han informado sobre cuánto les costará alegar contra esta situación y el presupuesto -para el que dieron ofertas Belón y Chacón- oscila entre los 6.000 y los 9.000 euros. La derrama les llegará a través de la cuota de la comunidad, pero los gastos pueden no quedarse ahí.

El director de la oficina de Planeamiento de la Junta en Marbella, José María Ruiz Povedano, ha aconsejado a las comunidades de vecinos que se agrupen en plataformas de afectados para reclamar a los promotores que asuman sus responsabilidades. "Los empresarios tienen mecanismos para que estemos pleiteando hasta llegar a Estrasburgo, con lo cual se nos complica mucho el tema", mantiene José Castillo, presidente de la Asociación de vecinos Cristo de los Molinos. "La alcaldesa dijo que no iba a permitir que nos hicieran pagar los terrenos, pero lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es darnos cobertura jurídica gratuita para arremeter contra los promotores. Si no hicieron su trabajo de forma adecuada hace unos años, ahora tienen que hacerse responsables".

En la recta final del plazo permitido para presentar alegaciones hacen su agosto arquitectos, aparejadores o abogados en busca de afectados indecisos. Aunque no todo el gremio actúa de la misma forma. "Hemos recibido quejas de algunos arquitectos indignados por los comportamientos y las tarifas de sus colegas", señalan desde la delegación de Urbanismo. Los colectivos más escasos de fondos han pedido asesoramiento a los grupos de la oposición, o utilizan como documento base alegaciones ya cursadas.