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Editorial:

Bush y la tortura

Las declaraciones de Bush asegurando que Estados Unidos no utiliza la tortura no convencen. Ni siquiera al Congreso de su país, donde los demócratas anuncian una investigación. El presidente ha salido al paso de revelaciones periodísticas según las cuales el Departamento de Justicia, bajo el recientemente dimitido fiscal general Alberto Gonzales, refrendó secretamente en 2005 las más rigurosas técnicas de interrogatorio utilizadas por la CIA contra los sospechosos de terrorismo islamista. Esos métodos, cuya autorización permanecería en vigor, incluirían desde simulacros de ahogamiento hasta exposición a temperaturas extremas.

Bush y sus más estrechos colaboradores han mantenido siempre que Washington ni practica ni aprueba la tortura, pero en los dos últimos años el Congreso y el Tribunal Supremo han impuesto límites a las técnicas de interrogatorio que comenzaron a descarrilar después de septiembre de 2001. Unos métodos de castigo físico y psicológico que EE UU, sin embargo, denuncia cuando son otros quienes los practican. El propio Bush, mientras negaba el viernes las prácticas de tortura, defendía la utilidad de las prisiones secretas de la CIA en terceros países, que según todos los indicios se mantienen, argumentando que permiten conseguir información relevante para combatir el terrorismo.

La ley internacional es tajante. Las convenciones de Ginebra o la de la ONU consideran absoluta la prohibición de la tortura, así como la de cualquier trato cruel, degradante o inhumano para obtener información. Que alguien considere que la simulación de asfixia o los golpes en la cabeza no están incluidos entre esos tratamientos, resulta alarmante. Doblemente alarmante, al margen de las responsabilidades legales que puedan derivarse de ello, si quienes se muestran así de indulgentes resultan ser el jefe del Estado más poderoso del mundo y su Gobierno, erigido en faro de libertades y canon del respeto a los derechos humanos.

Cuando Bush niega que sus funcionarios torturen, está deliberadamente restringiendo el significado del vocablo a prácticas de violencia extrema erradicadas en cualquier país civilizado. Aparentemente, sin embargo, las "técnicas intensas" o cualquier otro eufemismo bajo el que se amparen los métodos de la Agencia Central de Inteligencia no caen bajo la definición de tortura. Pero no hay zonas suficientemente grises para los Estados democráticos en este terreno

minado. De ahí que tenga el mayor interés averiguar en qué consisten las nuevas reglas de interrogatorio autorizadas por Bush hace unos meses a la CIA y que, según la Casa Blanca, cumplen estrictamente con los convenios de Ginebra.

Los trágicos acontecimientos del 11-S no sirvieron para legalizar la tortura en EE UU, pero alentaron peligrosamente la tentación de mirar hacia otro lado. El hecho de que en numerosos países, también Estados Unidos, un porcentaje significativo de sus ciudadanos acepte cierto grado de tormento si con ello se consigue salvar vidas, no puede ser una coartada para el presidente Bush. Salvo que la Casa Blanca participara de la indecente teoría de los Cheney o los Gonzales sobre los derechos de determinados sospechosos de terrorismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de octubre de 2007