El PP se compromete a construir 1.500 kilómetros de autovía en diez años

El Partido Popular andaluz se comprometió ayer a construir y poner en servicio en los próximos diez años un total de 1.500 kilómetros de autovía, lo que "duplicará los construidos por el PSOE en 25 años". Según los populares, de los 10.200 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica que existen en la actualidad, sólo 750 son vías de dos carriles por cadsa sentido. Esta propuesta se desprende de los trabajos de los Foros de Independientes que se reúnen este fin de semana en el Palacio de Congresos de Sevilla para analizar la situación de diferentes áreas políticas, económicas y sociales, con el objetivo de "aportar nuevas visiones y buscar soluciones concretas".

Otras aportaciones del Foro de Infraestructuras que asumirá el PP andaluz en su proyecto político para las próximas elecciones autonómicas serán "garantizar" una inversión en infraestructuras equivalente al 4% del PIB entre 2008 y 2013 y poner en marcha el Eje Ferroviario del Mediterráneo desde Cádiz hasta Almería, y no sólo hasta Málaga, como está previsto actualmente por la Junta.

Por otra parte, el PP andaluz recogerá en su programa la creación de un órgano de Participación de Justicia que, al menos una vez al año, reúna a representantes de los colegios de abogados, de graduados sociales y de procuradores, a asociaciones profesionales de jueces y magistrados, de fiscales, de secretarios judiciales y de médicos forenses, así como a sindicatos y funcionarios. El objetivo que persigue el PP con la creación de este órgano es "recoger las necesidades y propuestas de todos los sectores implicados en la Administración de Justicia para tenerlas en cuenta en la planificación anual de las actuaciones de la Junta de Andalucía en esta materia".

A través de la participación de los sectores afectados, el PP se propone "dar respuesta a las necesidades de personal, a la falta de planificación en la construcción y reforma de los edificios judiciales". También busca combatir "la escasez de bienes materiales a disposición de los órganos judiciales, fiscales y de los funcionarios, y al retraso en la modernización de los sistemas informáticos".