A media luz

El informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre el apagón que sufrió Barcelona en julio es una contribución bien escasa para aclarar las causas de fondo del incidente que dejó sin luz a casi 350.000 ciudadanos durante tres días. Quizá por el peso de las componendas políticas dentro del consejo, que impiden responsabilizar claramente a empresas políticamente señaladas -Red Eléctrica de España (REE) próxima al Gobierno y Endesa protegida del Partido Popular-, el dictamen de la Comisión navega por aguas imprecisas, se enreda en detalles puntillosos aunque poco significativos y concluye repartiendo culpabilidades entre las dos compañías implicadas.

En términos generales, el apagón puede explicarse sin recurrir a tecnicismos alambicados ni malevolencias políticas. Un cable propiedad de Endesa se cayó sobre la estación transformadora de Collblanc y provocó un cortocircuito. Hasta aquí, parece fuera de toda duda que las causas de tan inoportuno desprendimiento se deben a un mantenimiento negligente del cableado por parte de la empresa propietaria. Pero el cortocircuito no justifica por qué a casi toda Barcelona se le fue la luz, ni por qué la electricidad tardó tanto tiempo en volver. Esas anomalías, tan graves como el propio incidente, sólo se explican porque la red de transporte y distribución de electricidad dentro de la ciudad estaba en penosas condiciones y porque el mallado -el suministro a cada zona a través de más de una transformadora- es impropio de una ciudad con la demografía y el consumo de Barcelona.

La responsabilidad nominal de REE está fuera de duda. Es la titular de las estaciones afectadas y a ella deben dirigirse las advertencias y reprensiones. No está de más recordar que Endesa ha sido responsable de las estaciones y de la red que ahora sufre REE durante casi 10 años, hasta 2005 y que las infraestructuras deficientes no se recomponen en un año. Es una pena que REE no reclamara auditorías sobre el estado de los activos que Endesa le vendió. Sólo un estudio de esa naturaleza podría aclarar definitivamente el alcance de las responsabilidades de cada empresa; ambas tienen culpa, como recuerda ociosamente el informe de la CNE, pero no en la misma medida.

Ambas compañías han amenazado con acudir a los tribunales para defender su inocencia. Es más útil, no obstante, que REE y Endesa se dediquen a programar y ejecutar las inversiones necesarias para mallar bien la red de suministro eléctrico barcelonés, de forma que las circunstancias del infame apagón de julio no se repitan. En esa tarea tienen mucho que aportar las autoridades locales y autonómicas, que tampoco están exentas de culpa en aquella chapuza eléctrica.