Reportaje:

"No puedo cuidar el monte. Me atan"

Una jornada con dos guardabosques de Madrid en una zona de bosques privados donde no pueden entrar libremente tras una nueva ley .- En 2006, denunciaron 2.800 infracciones

Dos agentes forestales patrullan la comarca de Torrelaguna en un viejo Land Rover Defender blanco. Detienen el vehículo a las puertas de un camino que conduce al Descansadero de Cabanillas, que atraviesa la Cañada Real Extremeña, a las afueras de Bustarviejo. No avanzan porque la finca es privada. Una verja lo impide. Hace tan sólo tres meses hubieran podido continuar. Y entonces observarían a unos metros una parcela donde el propietario levanta una gran casa, con un aparcamiento subterráneo para al menos cuatro coches. Hubieran visto que el perímetro está tapado con unas lonas para que no se puedan ver las obras. Porque el solar está en una zona donde no se puede construir. Pero el terreno que tienen enfrente "es privado, no podemos entrar allí para denunciarlo", se lamenta Lorenzo. Una ley regional aprobada en julio lo impide.

"Esto es ilegal. Ahora sólo podemos hacer fotos. Antes entrábamos y luego íbamos al juez"
"Hemos pasado de andar por en medio del monte a ir sólo por caminos", dice Marcos
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Son Marcos y Lorenzo -no quieren aportar su verdadero nombre por miedo a represalias-. Una veintena de forestales se han asegurado su sueldo porque tienen miedo a las amenazas de despido que dicen recibir desde la Consejería de Medio Ambiente y que ésta niega.

Mientras fuman explican las dificultades que les ha creado la norma que aprobó el Gobierno regional el pasado julio. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre sacó adelante aprisa y corriendo la Ley de Modernización que incluye un artículo que les afecta: "Los agentes forestales requerirán de una autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada, salvo para extinción de incendios", reza la norma. Desde ese momento, su actividad ha quedado limitada. Para cualquier actuación tienen que solicitar una orden judicial. Y los 250 guardabosques de la región, aunque en desacuerdo, lo hicieron. Pero los juzgados se bloquearon de inmediato. Y la Comunidad tardó sólo unos días en obligarles a canalizar las solicitudes a través de Medio Ambiente. Más control.

"Esta norma se ha cargado la actuación preventiva. Ya no podemos circular libremente para evitar delitos", explica Francisco Cabezas, responsable de CC OO. "Aunque ante una infracción flagrante actuaremos", asegura.

Lorenzo y Marcos llevan más de 10 años como guardabosques. "Hemos visto de todo", recuerda Lorenzo, el más elocuente, mientras conduce. "Cazadores furtivos, cebos envenenados, incendios, vertidos, construcciones ilegales...", refrenda Marcos. Ambos trabajan en la comarca de Torrelaguna, que tiene 39.370 hectáreas, de las cuales tres cuartas partes están formada por bosques. "Aguirre considera que el monte es su piso", se queja Lorenzo. Habla y conduce rápido por caminos vecinales y estrechas veredas pero desde julio evita los caminos privados. "Hemos pasado de andar por en medio del monte a hacerlo sólo por carreteras", dice Fermín, otro agente que se une a la comitiva. El coche parece un tiovivo al circular por las pistas de tierra. "No puedo guardar el monte. Me atan las manos", dice amargamente uno de ellos.

"En la sierra", dice mientras señala a las oscuras estribaciones de La Cabrera, "hay nidos de halcones, buitres leonados... Y ahora no podemos hacer un seguimiento de la nidificación, muertes, censos...", se lamenta Lorenzo. Toda la sierra es privada. Está formada por cientos de fincas parceladas por la gente que las ha heredado durante generaciones. "Al pico de La Miel va mucha gente a escalar, una de las mejores zonas. Antes informábamos a los montañeros de los riesgos, eliminábamos las vías que no eran seguras y las que invadían zonas protegidas. Ya no", protesta Lorenzo mientras conduce el Defender hacia Los Tomillares, una urbanización de 50 chalés levantada en medio de la sierra. Está junto a una vía pecuaria que han asfaltado. En este lugar no se puede construir. "Lo denunciamos hace cuatro años, les multaron con 120.000 euros. Ahora no podríamos hacerlo", desliza Marcos. El año pasado presentaron unas 2.800 denuncias. Este año esa cifra se ha reducido. Aún no hay cifras oficiales porque la ley está recién nacida. Medio Ambiente gestiona 500 autorizaciones que han presentado los agentes desde julio. "Se ha parado el proceso, no han respondido", cuenta el sindicalista. La Comunidad no aporta datos.

Los forestales, pertenecen a un cuerpo que tiene 130 años. "Somos los guardabosques de toda la vida", precisa Lorenzo. El otoño ha entrado de lleno. Hace mucho aire y Marcos cierra las ventanillas del todoterreno que se dirige a El Molar. Atrás ha quedado la frondosidad de la sierra, los fresnos, enebros, encinas y pinos. Ahora la vista descubre una zona árida. A ambos lados de la carretera que une El Molar con El Vellón se levantan decenas de casas y naves industriales en construcción. "Todo este terreno no es urbanizable. Es ilegal. Sólo podemos hacer una foto, enviarla a Medio Ambiente y esperar semanas a que nos den una autorización. Para cuando llegue, las casas estarán terminadas. Antes podíamos entrar, tomábamos datos y lo denunciábamos ", repiten los forestales. Regresan a su base. Tienen que investigar los restos humeantes de un incendio. "Espero que no esté en terreno privado", se despide Marcos.

Unos agentes forestales vigilan el interior de una finca desde la valla exterior.
Unos agentes forestales vigilan el interior de una finca desde la valla exterior.CLAUDIO ÁLVAREZ

Sobre la firma

Jesús Sérvulo González

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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