Un ex alcalde de Galapagar, imputado por prevaricación

El ex alcalde socialista de Galapagar Manuel Cabrera se enfrenta desde el próximo día 9 a un juicio en el que el fiscal le pide cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación para ejercer un cargo público. Le imputa prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos. Según el fiscal, el regidor prevaricó en su actuación con el letrado del Ayuntamiento, con quien mantenía "enemistad" por diferencias ideológicas.

El fiscal sostiene que Cabrera utilizó su cargo municipal para impedir que el abogado del Ayuntamiento, Miguel Yaben Peral, pudiera compatibilizar su puesto en el Consistorio con el ejercicio libre de la abogacía. Además, sostiene que Cabrera ocultó "al pleno del Ayuntamiento" un informe del Consejo de Estado que interpretaba ajustado a la ley la posibilidad de que el letrado pudiera compatibilizar ambas funciones.

El juicio se celebrará en la Sección 23 de la Audiencia madrileña, y en el banquillo de los acusados también se sentarán otros tres tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Galapagar. Se trata de Victoriano Martínez (concejal independiente), José Ponce (PSOE) y María del Carmen García (IU), gobernantes durante la legislatura de 1999-2003. Este juicio estaba previsto que se celebrarse el pasado octubre.

En su escrito, el fiscal abunda en la enemistad que mantenían el alcalde y el letrado Yaben, quien compatibilizó su puesto con el libre ejercicio de la abogacía porque lo permitía un decreto firmado en la anterior legislatura. Entiende el fiscal que, para lograr su objetivo, el ex regidor dictó un decreto el 18 de junio de 2001 en el que se revocaba el primer decreto, "lo que impidió que Yaben pudiera ejercer como abogado y funcionario a la vez".

Yaben impugnó la decisión, pero no obtuvo "respuesta expresa" porque "no se les dio la tramitación" que correspondía a tales escritos, "privando a Yaben de su derecho a obtener una resolución a sus peticiones", agrega el fiscal.

Para perjudicarle aún más, siempre según el fiscal, Cabrera convocó una comisión de gobierno en la que se acordó que se abriera al letrado del Ayuntamiento, mediante el procedimiento de urgencia, un expediente disciplinario por incumplir la Ley de Incompatibilidades. Fue en esta comisión en la que participaron los entonces tenientes de alcalde Victoriano Martínez (concejal independiente), José Ponce (PSOE) y María del Carmen García (IU). A excepción del principal imputado, el resto de políticos han dejado de ser concejales desde el fin de la pasada legislatura.

Días después de la Comisión, el ex alcalde "dio orden de que todos los escritos que se presentaran en el Ayuntamiento le fueran entregados a él directamente", sin pasar por la secretaría, "que es el procedimiento de rigor", destaca el fiscal. Para cada uno de los otros tres ex concejales, el fiscal pide ocho años de inhabilitación especial para ocupar un cargo público.