Envío masivo de SMS

La identificación de los 20,4 millones de clientes de telefonía móvil que tienen tarjetas prepago de móvil en España (sin contrato y anónimos) no podrá hacerse sin la colaboración voluntaria de los propios usuarios. Ésta es la advertencia que hacen las principales compañías después de que el Congreso de los Diputados aprobara ayer la ley que les obliga a guardar los datos de sus clientes y cederlos para investigaciones policiales.

Las operadoras aseguran que no cuentan con instrumentos técnicos ni legales para proceder a esa identificación, por lo que tendrán que recurrir a campañas de concienciación. Por ejemplo, con el envío masivo de mensajes cortos de texto (SMS) informando de la nueva norma y ofreciendo a los clientes de prepago los canales para que se identifiquen.

Otra posibilidad sería aprovechar para la identificación la recarga de saldo en las tarjetas, aunque esa solución sólo es viable en la red de tiendas propias y concertadas o en cajeros automáticos, y no en otras modalidades como la recarga por tarjetas de rasca-rasca, comercializadas por todo tipo de establecimientos.

En cuanto a la identificación de los clientes futuros de prepago, las operadoras no plantean ningún problema, aunque se dispararán los gastos, ya que la ley les obligará a cambiar todo el modelo de distribución; en particular en pequeños comercios, como puestos de distribución de prensa o locutorios, que no cuentan con personal suficiente.

Las compañías esperan también que la nueva ley les dé el suficiente amparo jurídico para anular las tarjetas SIM -con las que funcionan los terminales- en caso de que los clientes no quisieran identificarse en el plazo de dos años que marca la norma. Y es que algunas sentencias han fallado en contra de las compañías que han anulado las tarjetas a clientes que no las usaban o que tenían bajo consumo.

La medida, que ya funciona en países como Suiza, forzará, además de a una gran campaña de publicidad, a dotar a las compañías de nuevas bases informáticas, que deberán ser costeadas en solitario por las operadoras, según especifica la ley y han subrayado en reiteradas ocasiones desde el Gobierno.

100 millones de coste

La norma planteará mayores problemas a las nuevas compañías de telefonía móvil, como Yoigo, Happy Móvil y Carrefour Móvil, que, la mayoría de las veces, no disponen de red propia ni de soporte técnico y que se dirigen a los usuarios de menos poder adquisitivo, es decir, los clientes de prepago.

El problema que plantea mayor coste es el de la conservación de datos por las compañías (origen y destino de la llamada, duración, lugar desde la que se realiza, aunque en ningún caso el contenido de la misma). Actualmente se guardan estos datos en torno a los dos o tres meses, por motivos comerciales o de red, y sólo se archivan durante más tiempo si existe un mandamiento judicial expreso.

El coste de todas las medidas necesarias para cumplir con la ley lo estiman las compañías en más de 100 millones de euros. Y el texto aprobado por el Congreso especifica que todo eso correrá a cargo de las empresas operadoras.