El Gobierno francés intenta esquivar el escándalo de EADS

El Gobierno francés intentaba ayer desentenderse del escándalo de la venta de acciones por parte de los directivos y accionistas del consorcio aeroespacial EADS en los meses previos a la crisis de su filial Airbus en junio de 2006, que provocó el desplome de las acciones. La implicación del Estado, sin embargo, parece clara, ya que el banco público Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) compró un 2,25% a 32 euros cuando ahora cotiza a unos 20.

Los dos principales accionistas de EADS, el alemán DaimlerChrysler y el francés Lagardère, vendieron sendos paquetes del 7,5% del capital de EADS. El banco público CDC compró a Lagardère un 2,25%. El diario Le Monde publicaba ayer las actas de la reunión en la que se cerró la operación, en marzo de 2006, por la que Lagardère y DaimlerChrysler ingresaron 2.000 millones de euros cada uno, el doble de lo que hubieran obtenido de haber vendido sus acciones tras el desplome de junio.

Pese a que, según se desprende del informe que la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) ha entregado a la fiscalía y que el miércoles desveló Le Figaro, los dirigentes de Airbus ya sabían a finales de 2005 que la empresa se enfrentaba a graves contratiempos, por los retrasos en las entregas del avión gigante A-380 y los errores en el diseño del A-350, ningún representante del Estado ni de Lagardére lo mencionó.

El primer ministro, François Fillon, salió ayer en defensa de la actuación del anterior Gobierno, y aseguró en el Senado que el Estado "no se ha prestado a maniobra alguna" y señaló que se trata de un asunto privado que la Justicia deberá aclarar. Según Fillon, la culpa es del Gobierno socialista de Lionel Jospin (1997-2002) que introdujo un pacto de accionistas que impedía al Estado intervenir en los movimientos de capital de los accionistas privados. Sin embargo, la realidad es que los dos grandes accionistas franceses de EADS, el Estado y Lagardère, reagruparon sus participaciones en una sociedad común, Sogeade, a la que correspondía autorizar la venta de las acciones.

El Gobierno conservador ha conseguido evitar una comisión parlamentaria, pero en las próximas semanas varias personas vinculadas al caso comparecerán en la Comisión de Finanzas del Senado. Los primeros serán el presidente de la comisión de vigilancia de la CDC, Michel Bouvard, y su director general, Augustin de Romanet, quien se ha declarado partidario de que CDC se persone como parte si se descubre que fue perjudicada por el uso de información privilegiada. El testigo más esperado será el ministro de Economía de la época Thierry Breton, y su director de gabinete y de la Agencia de participaciones del Estado, Bruno Bezard.