El Consell retira el recurso contra un plan de Oropesa que consideró "ilegal"

El Consell ha retirado la demanda presentada contra el Ayuntamiento de Oropesa por la aprobación de un programa de actuación integrada (PAI) que la propia Consejería de Medio Ambiente calificó de "ilegal". Fuentes de este departamento señalan ahora que el Ayuntamiento ha cumplido con los requisitos que apuntaban la ilegalidad del programa de Les Amplàries. Uno de los principales motivos de ilegalidad, esgrimidos por la Generalitat consistía en que el plan se aprobó con dos informes en contra de la dirección general de Costas.

Les Amplàries afecta a más de 350.000 metros cuadrados junto a Marina d'Or

El informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio que sirvió de base al Consell para presentar el recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo esgrimía como "uno de los motivos de ilegalidad" que el programa se había aprobado con dos informes desfavorables de la Dirección General de Costas. El mismo escrito indicaba que "resulta preceptivo el informe de esta dirección general del Ministerio de Medio Ambiente, informe que tiene carácter vinculante". Sin embargo, la consejería ha determinado ahora que dicho informe no es vinculante, con lo que considera que esta "ilegalidad" ha sido resuelta.

El documento de la Dirección General de Ordenación del Territorio, que encabeza Soledad Martínez Reig, no sólo fue utilizado como argumentario para recurrir el programa por la vía administrativa, sino que fue el mismo escrito que la propia consejería remitió al juzgado en el que se investiga la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación por la aprobación de este PAI. La querella que dio origen a este procedimiento penal fue presentada por unos particulares y, tras ser admitida, ha supuesto que el juzgado número 2 de Castellón llame a declarar, en calidad de imputados, a los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oropesa durante la anterior legislatura, un concejal expulsado del PSPV, así como el arquitecto y la secretaria municipales y el empresario Jesús Ger. Éste está implicado debido a que una de las empresas del grupo que dirige, Marina d'Or, fue la adjudicataria del programa. El desarrollo urbanístico, conocido como Les Amplàries, afecta a más de 350.000 metros cuadrados y se ubica en el área de expansión del complejo que el mismo grupo ha construido en Oropesa.

La retirada del recurso fue anunciada en la tarde del miércoles por el propio consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, en las Cortes valencianas. Ante una pregunta formulada por la diputada de Compromís pel País Valencià Marina Albiol sobre la aprobación de este PAI y sobre el procedimiento penal abierto, el consejero hizo referencia al recurso que se presentó, según dijo, porque su departamento "creyó que no se habían cumplido las condiciones impuestas". Posteriormente, García Antón alegó que el Ayuntamiento de Oropesa ya ha tomado en cuenta "las prescripciones de la consejería" por lo que el recurso se ha levantado. El consejero añadió: "Cuando vemos un problema, acudimos totalmente a resolverlo esté quien esté y sea quien sea". No hizo referencias a que en el expediente de aprobación del programa aparecen informes en los que se alude a las "instrucciones" que impartieron varios cargos de la entonces Consejería de Territorio, pese a que Albiol preguntó por ello.

García Antón aseguró que su departamento "colaborará con la justicia" y aseguró que "no ha habido nunca ningún miedo a hacer las cosas de forma correcta". En cualquier el consejero no contestó a la pregunta de Marina Albiol sobre si "piensa abrir una investigación interna para depurar posibles responsabilidades". Por ello, la diputada de Compromís acusó al Consell de estar "eludiendo responsabilidades" y permitiendo que los juzgados de Castellón estén "prácticamente colapsados" por el "desfile" de altos cargos del PP. La diputada pidió al consejero de Medio Ambiente que tome medidas para atajar esta situación. Los concejales de Oropesa, entre los que se encuentra el alcalde, Rafael Albert, comenzarán a declarar el próximo día 15 de noviembre.