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Tribuna:

Amnistía y democracia

En los últimos años, en el debate en torno las propuestas de recuperación de la memoria histórica, y más recientemente en relación con la ley conocida con la misma denominación, han aparecido frecuentes referencias a la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso de los Diputados hace ahora 30 años, el 14 de octubre de 1977, como culminación de una larga lucha sostenida por el antifranquismo, indisociablemente unida a la lucha por la democracia. Aunque la amnistía fue siempre una reivindicación presente en los programas de la oposición a la dictadura, en la década de 1970 se convirtió en un punto clave de la creciente articulación del antifranquismo. Amnistia, junto con Llibertat y Estatut d'Autonomia fueron el lema con el que la Asamblea de Cataluña logró una importante movilización de la sociedad; igualmente, libertad y amnistía (y también muchas veces estatuto de autonomía) fueron los lemas que en 1976 llenaron de manifestantes las calles en toda España.

No se debe ignorar el momento en que vio la luz la Ley de Amnistía y la significación que tuvo entonces

Sin embargo, desde hace cierto tiempo, en algunos sectores críticos con el proceso de transición a la democracia, la Ley de Amnistía se presenta erróneamente como una autoamnistía del franquismo, o como una ley de "punto final", que tenía como objetivo asegurar la impunidad de los responsables y colaboradores de la represión dictatorial. Otras voces, no tan desorientadas, han criticado la amnistía como muestra de las renuncias de la oposición antifranquista, permitiendo que se extendiera a los represores franquistas. Esta explicación responde también a un notable desconocimiento de la situación del proceso histórico y, en algunos casos, a la voluntaria miopía respecto a la complejidad social, en un ejercicio muy distante de la inteligencia política que una parte significativa de la militancia antifranquista supo desarrollar sobre todo en la década anterior a la muerte del dictador, una militancia capaz de establecer prioridades y actuar en consecuencia, lo que comportaba con frecuencia fuertes dosis de generosidad, teniendo en cuenta el contexto de dictadura en el que actuaba.

Efectivamente, la Ley de Amnistía fue impulsada por las fuerzas políticas procedentes del antifranquismo, en primer lugar, porque promulgar una ley de tal naturaleza significaba una primera y contundente declaración de ilegitimidad del franquismo, puesto que no se trataba de perdonar unas penas impuestas, sino de proclamar que éstas no debían haber existido, ya que fueron dictadas por un régimen ilegítimo e injusto. No debe extrañar, por tanto, que las resistencias a la aprobación de la ley procedieran básicamente los sectores franquistas más recalcitrantes, y que incluso los procedentes del reformismo franquista integrado en la UCD mostraran inicialmente poco entusiasmo, aunque finalmente aceptaran su elaboración.

Naturalmente, la situación política vasca tuvo también un considerable peso en la elaboración de la ley. Hay que recordar que la continuidad de la acción violenta por parte de ETA comportaba la existencia de un colectivo de presos, y estaba extendida la convicción de que su liberación, junto con el avance del proceso de cambios, contribuiría decisivamente al fin de la violencia política. Con la amnistía se pretendía visualizar que empezaba una nueva etapa, y que empezaba para todos, aunque los etarras hubieran continuado matando después de la amnistía decretada por Adolfo Suárez al hacerse cargo del Gobierno, en julio del año anterior. No es ocioso recordar que, justamente, con esa medida emblemática, Suárez había pretendido mostrar que estaba dispuesto a aceptar muchas de las reivindicaciones de la oposición democrática.

La lectura del debate parlamentario sobre el proyecto de ley es especialmente interesante y sería recomendable que algunos la hicieran antes de opinar con tanta frivolidad sobre la cuestión. Los parlamentarios procedentes del antifranquismo exigían la amnistía como una medida de ruptura con el pasado y, además, de reconciliación; para ellos se trataba de negar el orden franquista y avanzar decisivamente hacia un nuevo marco político que permitiera que todos los ciudadanos pudieran convivir en España libremente, defendiendo cada uno sus ideas. El líder sindical Marcelino Camacho, portavoz en el debate del grupo comunista, con largos años de cárcel en sus espaldas, lo expresó claramente: "Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos 40 años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas". Por su parte, el socialista catalán Josep M. Triginer manifestó: "el día de hoy cierra definitivamente una etapa histórica de nuestro país", aunque apuntó inmediatamente que debía "seguir el proceso democratizador con prontitud", pues no debía olvidarse que el Parlamento era "el único instrumento democrático (...) en el actual estructura de poder". Para el también socialista José Maria Benegas, la promulgación de la amnistía implicaba enterrar por fin la Guerra Civil, "la división entre los españoles y las responsabilidades derivadas de quienes, en defensa de la libertad, se opusieron a aquellos que pretendieron acallar la fuerza de la razón por la fuerza de la violencia y del ejercicio del poder". Y para el dirigente del PNV Xabier Arzallus, la amnistía era "el inicio del comienzo de la democracia". Cuando la ley fue aprobada también en el Senado, el recientemente fallecido Lluís Maria Xirinachs, que había permanecido en pie en todas las sesiones de la cámara reivindicando la amnistía, decidió sentarse dando por alcanzado ese fundamental objetivo que había sido el eje de su actividad cívica y política.

Por tanto, para las fuerzas políticas procedentes del antifranquismo, la promulgación de la amnistía -y, posteriormente de una Constitución democrática-, suponía alcanzar su objetivo fundamental: lograr la desaparición de la dictadura, lo que permitía aceptar incluso la amnistía de los "delitos" franquistas, introducida en el articulado de la ley por la UCD.

Naturalmente, 30 años después, es legítimo examinar críticamente la ley de Amnistía desde la realidad actual y desde planteamientos completamente ajenos a la situación política española de los años de la transición, pero no deben ignorarse o tergiversarse las características del momento en que vio la luz y la significación que entonces tuvo.

Carme Molinero y Pere Ysàs son historiadores del Centro de Estudios sobre la Épocas Franquista y Democrática (CEFID-UAB).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de octubre de 2007