Ex cargos del Segura declaran que los municipios tenían cobertura del Consell para verter al río

Los ex presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, Antonio Nieto y Juan Cánovas, admitieron ayer ante el tribunal que los municipios, mediante vertidos ilegales, fueron los mayores agentes contaminadores del río Segura entre 1995 y 2005. No obstante, ambos ex altos cargos precisaron que el organismo de cuenca no tenía competencia para prohibir los vertidos porque disponían de cobertura legal del Consell al acogerse al plan de saneamiento que el Gobierno valenciano puso en marcha en 1995. "Podíamos sancionar, y así lo hicimos, pero no prohibir que siguieran vertiendo", reiteraron una y otra vez Nieto y Cánovas.

Nieto y Cánovas están procesados en el juicio que se sigue en la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, por supuesta omisión en los vertidos tóxicos al cauce del Segura por parte de 11 industriales, también acusados. Los vertidos tóxicos de las fábricas de ocho de los 11 empresarios procesados iban directamente a los alcantarillados de los municipios en los que estaban radicados, y el resto vertía a azarbes del Segura.

Un ex presidente de la CHS señala que avisó al Gobierno del PP de la "grave situación del río"

Antonio Nieto, que ocupó el cargo de presidente de la CHS entre 1996 y 2000, declaró que cuando accedió al puesto "el Segura era prácticamente un río muerto". Nieto subrayó que la "situación empeoró" a partir de 1998, cuando a los vertidos se sumó un período de extrema sequía. "Pusimos en marcha un plan de choque contra los vertidos ilegales y avisamos a los municipios, muchos aún sin depuradora y otros con plantas insuficientes, de que extremaran las medidas para evitar vertidos ilegales", dijo. "Sin embargo, sólo podíamos abrir expedientes sancionadores, que en total recogieron multas por más de 100 millones de pesetas, pero no teníamos competencia legal para prohibir el vertido", añadió. Nieto explicó que todos los municipios estaban acogidos al plan de saneamiento del Consell. El programa, que incluía una inversión de casi 1.000 millones de euros, fijaba un plazo de 10 años a los municipios de más de 15.000 habitantes para instalar una depuradora y cinco más para los de menos de 15.000.

El ex presidente señaló que la Confederación no tenía competencia sobre los vertidos de los empresarios procesados a los alcantarillados municipales, "y en el caso de los que vertían a caudales públicos les abrimos expedientes sancionadores para que adecuaran los vertidos a los parámetros permitidos".

Cánovas, presidente de la CHS entre 2000 y 2004, abundó en los argumentos de su antecesor en el cargo. "No había una norma legal que me facultara a prohibir los vertidos a los ayuntamientos que tenían autorización provisional de la Generalitat Valenciana", explicó. El ex presidente de la CHS señaló que el Gobierno, entonces en manos del PP, era conocedor de la grave situación del río. "Yo informé por escrito de ello", precisó.

Los ex presidentes de la Confederación se enfrentan a seis años de cárcel, según la petición inicial de la acusación popular que ejercen los ecologistas. Junto a Cánovas y Nieto hay un tercer ex cargo encausado, el ex comisario de Aguas, José Alemán, que hoy declarará ante el tribunal. Tras este interrogatorio, comenzará la prueba testifical. La sala ha citado a un total de 18 regidores, aunque debido a un error, la mayoría no estaba en el cargo cuando ocurrieron los hechos.