Tribuna:EN MEMORIA DE JESÚS DE POLANCO
Tribuna
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El 'caso Sogecable'

El autor recuerda el "directo y feroz" ataque político y judicial lanzado en 1997 contra el Grupo PRISA y su presidente.

Resulta difícil olvidar, al hilo del recuerdo del fallecido presidente del Grupo PRISA, Jesús de Polanco, los meses difíciles, inciertos, peligrosos, que le tocó vivir en primerísima persona, durante el llamado caso Sogecable. No fue una anécdota. El caso Sogecable fue un ataque directo y feroz contra los intereses del Grupo PRISA desencadenado por fuerzas políticas o sociales que pusieron todo el empeño del mundo en utilizar una excusa insignificante para organizar un proceso criminal en toda regla contra el Consejo de Administración de Sogecable.

Fue un aciago ejemplo de instrumentalización de la justicia para la satisfacción de intereses particulares, algo en lo que algunos accionistas no ya minoritarios sino marginales de determinadas sociedades cotizados se han convertido en especialistas, como un conocido y obsesivo abogado recientemente fallecido. Se ha dicho siempre -y nunca se ha desmentido- que la instrucción penal -con toda la parafernalia de un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional- fue incitada o dirigida desde el Gobierno en el poder o -más bien- desde algún núcleo concreto de ese Gobierno o del partido que lo sustentaba. No lo sé. Lo cierto es que alguna fuerza poderosa movía los resortes de aquel desdichado juez, de aquel fiscal imprevisible -que por sistema se oponía a todas las solicitudes de sobreseimiento- y de aquellos extravagantes y marginales abogados que tuvieron en vilo, durante meses, a todos los consejeros de Sogecable, incluidos no sólo los altos directivos de PRISA, sino también los representantes en el consejo de accionistas como Grupo March, BBVA y Bankinter. Aquel incidente rompió para muchos, quizás de manera irremediable, la credibilidad del partido político de referencia o -mejor dicho- la de quienes entonces estaban al frente del mismo. En los saraos de algunos amigos muy próximos al entonces presidente del Gobierno, encumbrados por él a la presidencia de grandes empresas todavía entonces públicas, el juez Gómez de Liaño era jaleado como un héroe.

Deberíamos saber algún día quiénes movieron las cuerdas del guiñol en ese oscurísimo episodio

Tengo a la vista, cuando escribo estas líneas, la querella firmada por el procurador de Jesús Cacho Cortés, el 29 de abril de 1997, a la que luego se adhirieron otros, "al tener noticia de la incoación" por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de las diligencias previas número 54/97-10 referentes a "idénticos o semejantes hechos". ¿Quién instó esas diligencias? ¿La denuncia de Jaime Campmany como hecho aislado? ¿Quién concitó la voluntad del instructor, la del fiscal y la de la parte querellante?

La excusa era nimia: la "supuesta apropiación" de los depósitos entregados en concepto de fianza por los suscriptores de Canal + al alquilar los descodificadores. Según los querellantes esos depósitos debían de haberse contabilizado de manera diferente a como lo hizo la empresa y deberían haber quedado inmovilizados. Sobre tan peregrina argumentación, desmentida por auditores y asesores y por los propios clientes de la plataforma, se montó una querella de chiste por "delitos de apropiación indebida, estafa y delito societario de falsedad" que, increíblemente, fue admitida a trámite por el juez Gómez de Liaño, alentada por el Ministerio Fiscal y que provocó multitud de sesiones en la Audiencia Nacional -en la mayoría de las cuales estuve presente-, recursos y apelaciones, para finalizar en la condena firme del juez por parte del Tribunal Supremo por delito de prevaricación y el vergonzante indulto que posteriormente le concedió el Gobierno.

Antes de que todo esto sucediera, Jesús de Polanco, Carlos March y varios administradores más de Sogecable tuvieron que soportar durísimos interrogatorios en los que Liaño y el fiscal intervenían apostillando y endureciendo en muchos casos las preguntas de las acusaciones particulares e imponiendo a diestro y siniestro medidas cautelares notoriamente desproporcionados, todas las cuales la Sala de la Audiencia Nacional anulaba con posterioridad. Recuerdo perfectamente cuando decidió retener el pasaporte del señor March y la habilidad con la que Juan Luis Cebrián a través de un incidente de recusación más que justificado, consiguió evitar declarar ante el juez que -se dijo entonces- estuvo a punto de decretar su prisión cautelar. No llegó a tanto el entonces juez, pero sí extendió todo lo que pudo el alcance de las medidas económicas y el efecto sorpresa con el que pretendía tener bajo presión en todo momento a los imputados.

El 20 de junio de 1997, después de toda una mañana de interrogatorio y declaración, en la que Polanco hizo gala de un temple y un aplomo extraordinarios, y frisando ya el fin de la mañana de ese viernes, la secretaría del juzgado notificó la imposición al declarante de un aval de 200 millones de pesetas que debería ser depositado en el Juzgado a la mayor brevedad posible. Algunas acusaciones pretendieron elevar el aval a 4.000 millones de pesetas. Eran más de las dos y media de la tarde y todo el mundo en el juzgado daba por hecho que el aval no podía ser constituido hasta el siguiente lunes por la mañana, lo que suponía para el interesado el grave riesgo de ser detenido cautelarmente en cualquier momento. No hubo lugar. Ante la sorpresa del secretario, 15 minutos después de ser notificado el auto y antes de que la Secretaría del Juzgado cerrara a las tres de la tarde, el aval de Bankinter -autorizado y preparado de antemano con la cifra en blanco- fue firmado y entregado por mí al secretario, que no tuvo más remedio que aceptarlo y dar por constituida la garantía, no sin antes requerirme para que le justificara el carácter solidario de mi poder de representación y la suficiencia de límite, requisitos que obviamente se cumplían. No sé quéhubiera sucedido en otro caso. A Polanco se le impuso además la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, estar en todo momento a disponibilidad del mismo y no ausentarse del territorio nacional sin autorización del juez, que, al menos en una ocasión, le fue denegada.

Por cierto, nunca me encontré en las reuniones con Polanco al magnate prepotente que describen sus adversarios. Más bien, todo lo contrario: Jesús era un señor amable, un pasiego inteligentísimo, campechano, divertido y franco, que, por citar un ejemplo, nos firmó enseguida las contragarantías bancarias de rigor como cualquier cliente de a pie.

Hay otra anécdota del caso que no me resisto a dejar de comentar. En aquellos días vino a visitarme a mi despacho de Bankinter, por otro asunto, un familiar muy íntimo del juez. Al hacerle partícipe yo de nuestra preocupación por la probable comparecencia en la Audiencia Nacional del representante del banco en el consejo de Sogecable -también imputado como todos los demás- me llamó al poco tiempo para decirme que estuviéramos tranquilos, que nuestro representante nunca iba a ser llamado a declarar -lo que así sucedió por rara excepción- y que el asunto no iba contra nuestros intereses. Desde luego que no.

A Jesús de Polanco este episodio, tan arbitrario, le amargó profundamente durante un tiempo. No debería caer el silencio sobre el atropello tan grave que sufrieron los consejeros de Sogecable. Deberíamos saber algún día quiénes movieron las cuerdas del guiñol en ese oscurísimo episodio de nuestro reciente pasado. Mi recuerdo y mi respeto también para dos de los abogados que formaron parte del equipo de abogados y que ya no están con nosotros: el incombustible y eficaz Diego Córdoba y mi inolvidable amigo Santiago Ilundain, que defendía, con su proverbial maestría en lo mercantil y en lo fiscal, a los auditores igualmente imputados.

Rafael Mateu de Ros es abogado.

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