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Rechazadas nuevas pruebas propuestas por las víctimas del accidente del metro de Valencia

La Audiencia de Valencia ha rechazado la ampliación de la investigación del accidente de la línea 1 del metro de Valencia ocurrido el 3 de julio de 2006. Esta decisión respalda el auto de la juez que instruye el caso y que después de cerrar las diligencias en marzo admitió reabrirlas el pasado 13 de junio atendiendo sólo algunas de las peticiones de los afectados personados en el procedimiento penal.

Las víctimas entendieron que la reapertura dictada por la juez era insuficiente y limitada, que impediría llegar al fondo del asunto, especialmente, determinar si la Administración tuvo o no responsabilidad en el siniestro, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. La juez parte de la premisa de que el responsable del accidente fue el maquinista porque condujo con exceso de velocidad. En un tramo en el que expresamente se señalizaba un máximo de 40 kilómetros por hora, el convoy iba a 80 kilómetros. Las víctimas entienden que faltaron medidas de seguridad, que esas medidas existen en el mercado, tienen un coste muy bajo, están implantadas en otras líneas de la red de Valencia y de hecho se implantaron tras el accidente justo antes de la curva en la que descarriló. Por ello, los familiares, doce, consideran que el Consell, a través de Ferrocarrils de la Generalitat, es responsable penal porque no dotó los medios necesarios para evitar un accidente que era previsible. La propia juez en el auto de reapertura lo admite al reconocer que la existencia de una baliza hubiese evitado el accidente.

La magistrada, en definitiva, reabrió la causa para conocer la cualificación y formación del maquinista, de la plantilla existente, los procesos de selección, quién es responsable de la formación, cuáles son los horarios y cómo se distribuyen los descansos. Además, ordenó la ampliación del informe pericial para saber si la baliza que señala el acceso al andén puede también servir para controlar la velocidad y, de ser así, si estaba infrautilizada. La Audiencia entiende que la juez, que tiene libertad plena decidir sobre la práctica de las diligencias, actuó con "discernimiento razonable".

Los familiares de las víctimas del accidente del metro y los propios afectados supervivientes primero pidieron reunirse con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y después criticaron duramente que no les hubiera recibido. No lo ha hecho a día de hoy. Mañana, el PSPV, a través de la diputada Carmen Ninet, presenta en las Cortes una proposición no de ley para que Camps reciba a las familias. Pero para éstas, la iniciativa "llega tarde" y "es inoportuna". Enric Chulio, presidente de la asociación de afectados, tras la reunión celebrada ayer, explicó en nombre todos los que la componen: "De forma unánime, entendemos que no es procedente. Esperábamos de la oposición que hubiese exigido el saneamiento de FGV y la depuración de todas las responsabilidades de los políticos y los gestores, que se aclararan los hechos, pero han estado muy tibios. Estamos decepcionados de todas las fuerzas políticas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de octubre de 2007