De quién es Costa Ballena

Doce años después de su nacimiento, el aprovechamiento de los terrenos del complejo turístico de Costa Ballena, en la Costa Noroeste de Cádiz, enfrenta a los ayuntamientos de Chipiona y Rota, en cuyos términos se asienta. El pleno de Chipiona, con mayoría absoluta del PSOE, reclama los derechos sobre 210.000 metros cuadrados al considerar que se trata de una parcela usurpada por el consistorio de Rota, que ha hecho frente en los últimos diez años al coste de la urbanización, y se ha beneficiado del cobro de los impuestos locales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rota, gobernando por el partido Independiente Roteños Unidos, ha recordado que el reparto del suelo responde a un expediente de la Junta de Andalucía, impulsora original del proyecto de Costa Ballena, cuyos técnicos delimitaron las áreas de competencias de cada municipio. El alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez, ha recordado que ese modelo de gestión fue aceptado entonces por los plenos de cada uno de los dos ayuntamientos y ha expresado su extrañeza por el silencio del consistorio chipionero hasta que, esta semana, ha reclamado la titularidad de la parcela.

Costa Ballena, que debe su nombre a una antigua leyenda de pescadores locales que aseguraban que estas aguas habían sido elegidas como santuario por una vieja ballena que sólo dejaba ver su surtidor de agua sobre la superficie marina, es hoy un moderno complejo turístico, con cuatro kilómetros de playas bañadas por el océano Atlántico y una extensión total de 400 hectáreas.

El interés de Chipona por el complejo está claro. En la zona reclamada se ubican la mayor parte de los crecimientos residenciales y hoteleros, sujetos al pago de impuestos y tasas municipales. Precisamente la recuperación económicas del Ayuntamiento de Chipiona, que ha tenido que recurrir a prestamos de la Diputación de Cádiz para pagar incluso la nómina de sus funcionarios, es uno de los objetivos prioritarios del alcalde, el socialista Manuel García.

El pasado miércoles, el pleno de Chipiona, dio los primeros pasos para reivindicar el suelo. Se decidió la creación de una comisión de trabajo, formada por dos ediles del PSOE y uno del PA, para recabar cuanta información sea posible con el fin de presentar la solicitud de reconocimiento del terreno ante el Ministerio de Administraciones Públicas. La propuesta de Chipiona está avalada por informes históricos y testimonios de antiguos residentes, quienes, según el alcalde chipionero, atestiguan que la finca en litigio, conocida popularmente como Torrebreva, pertenecía a las posesiones chipioneras de la familia de Orleans.

El gobierno chipionero pretende que, una vez reconocido el nuevo reparto, el Ayuntamiento de Rota "devuelva" con carácter retroactivo el importe de los impuestos cobrados, cuyo computo no ha sido detallado. Por su parte, Chipiona se compromete a pagar al de Rota los gastos de urbanización y mantenimiento del terreno.

El alcalde de Rota ha expresado su "perplejidad" y ha recordado que el reparto del suelo responde al diseño de la Unidad Urbanística Integral diseñada por la Junta, a través de la Empresa Pública del Suelo, y aceptada por los dos consistorios en sus PGOUs. Ese documento estableció zonas de influencia roteña y chipionera, estableciendo como franja de separación un lago artificial. De hecho, hasta ahora, el mantenimiento de esa dotación, con zonas verdes y accesos, ha sido costeado por ambos municipios. Se da la circunstancia de que la zona roteña de Costa Ballena ha experimentado un crecimiento urbanístico mucho mayor que la parte de Chipiona.

"¿Por qué ahora llaman la atención sobre este asunto y han guardado silencio doce años?", se pregunta Lorenzo. "Sinceramente, no creo que los técnicos cometieran el error que plantea ahora el Ayuntamiento de Chipiona", asegura Sánchez, que advierte que de ejecutarse el reparto reclamado, "algunas viviendas tendrían unas habitaciones en el término de Rota y otras habitaciones en el de Chipiona".

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, ha anunciado el inicio de un expediente para resolver el caso.