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El Gobierno creará diez nuevos juzgados para agilizar los desahucios por impago de alquiler

Chacón quiere reducir a 15 días el plazo para que el inquilino pague tras el requerimiento

Ayudas para los inquilinos y más seguridad para los caseros. El Gobierno aprobó ayer las medidas ya anunciadas la semana pasada para fomentar el alquiler en España, con la novedad de que se crearán 10 nuevos juzgados especializados en desahucios en las ciudades que tengan más colapso de casos por impago de las mensualidades. La ministra de Vivienda, Carme Chacón, no avanzó qué localidades los albergarán, ya que esa decisión depende de un acuerdo con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. El aumento del tope de ingresos para acceder a viviendas protegidas que anunció Chacón en el Congreso queda para una decisión posterior.

El Consejo de Ministros aprobó el plan presentado por Chacón, que deberá plasmarse luego en reales decretos, en la Ley de Presupuestos o en proposiciones de ley, según los casos. Los diez juzgados serán en principio de primera instancia especializados en este tipo de procedimientos y dedicados en exclusiva a ellos.

Además de esa novedad respecto a lo ya anunciado, la ministra dio alguna precisión sobre las medidas de fomento del alquiler. La mayoría de ellas entran en vigor el 1 de enero próximo.

- Deducciones fiscales. Los inquilinos de cualquier edad que ganen hasta 24.000 euros netos al año podrán deducirse un 10,05%, con un máximo de 9.015 euros en la cuota estatal del IRPF, inferior a la que ya existe para la compra de la vivienda habitual (15%). Esa deducción es compatible con las ayudas ya contempladas en el Plan de Vivienda vigente, así como las nuevas para la emancipación de los jóvenes. La deducción para inquilinos fue eliminada por el Gobierno del PP. Chacón calcula que unas 700.000 familias se beneficiarán de esa rebaja fiscal, con un coste 436 millones el primer año para las arcas públicas.

- Ayudas directas al alquiler. Se mantienen las ayudas de un máximo de 240 euros mensuales para inquilinos de cualquier edad, con un tope del 40% del alquiler, durante dos años. Las familias destinatarias deben ingresar menos del equivalente a 2,5 veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), 15.000 euros anuales. La novedad es que se eliminan las condiciones de superficie máxima de la vivienda y precio máximo de alquiler.

- Agilización del desahucio. Además de los nuevos juzgados, se propondrán reformas de la ley procesal para aplicar juicios rápidos a la reclamación de deudas, incluso cuando se insten con independencia del desahucio. También se promoverá la reducción de dos meses a 15 el plazo para que el inquilino pague desde el requerimiento, así como para que solicite la justicia gratuita, y se considerará que la incomparecencia del inquilino supone que acepta el desahucio. Chacón explicó que se trata de impedir los abusos de los morosos "sistemáticos y profesionales". En Murcia se pondrá en marcha una experiencia piloto con más medio judiciales para ejecutar las sentencias de expulsión de inquilinos deudores.

- Alquiler seguro para el casero. La Sociedad Pública de Alquiler dará un nuevo servicio con seguros multirriesgo de impago y de asistencia jurídica, y se extenderá su intermediación a operadores privados que gestionen vivienda en alquiler. Ayer se aprobó el estatuto del agente de la propiedad inmobiliaria, para profesionalizar el sector. Además, aumenta el precio máximo del alquiler para acceder a la subvención de 6.000 euros para el propietario, cuyo destino deja de estar condicionado y se elimina el tope de superficie del piso arrendado.

- Incentivos a la construcción. Además de poner más suelo público a disposición para construir vivienda protegida en alquiler, se propone un IVA superreducido (4%) a los pisos nuevos destinados a alquiler de renta básica durante 25 años. Se amplían los beneficios para sociedades y fondos que promuevan vivienda protegida en alquiler, que podrán tributar sólo el 1% del impuesto de sociedades con una financiación ajena que sube del 50% al 80%.

También ayer el PP celebró su convención de vivienda, en la que el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, arremetió contra la ministra Chacón y recordó que los socialistas han votado contra alguna de las medidas para agilizar los desahucios que ahora proponen. Y el secretario general de los populares, Ángel Acebes, acusó a Chacón, de "plagiar" las medidas de vivienda del programa electoral del PP.

La ministra contraataca recordando que el suelo "subió un 500% tras la aprobación de la ley del Suelo del PP y un 150% la vivienda", que eliminaron la deducción por alquiler y que redujo a mínimos la promoción de vivienda protegida.

Añadió Chacón que la propuesta de los populares de eliminar la comisión de cancelación está ya contemplada en la reforma de la ley hipotecaria, actualmente en trámite parlamentario.

'Dosmileuristas' con carrera

El proyecto estrella del plan de la ministra Chacón es la promoción de la emancipación de los jóvenes. Eso sí, mayores de 22 años y menores de 30. No porque el Gobierno considere que los de 18 a 22 años sean demasiado jóvenes para vivir su vida, sino porque "a esa edad terminan sus estudios" los miembros de "la generación más formada" de la historia de España, según Chacón.

"No nos gustaría que dejasen de estudiar por tener un contrato", dijo. Los menores de 22 años pueden acogerse a la subvención general y a las deducciones fiscales, añadió.

Así que los destinatarios son jóvenes con estudios... y con contrato de al menos seis meses. Según explicó la ministra, se exigirá que los demandantes tengan medio año de experiencia laboral o seis meses de contrato por delante, que ganen hasta 22.000 euros brutos al año. Casi dosmileuristas.

La ayuda puede ser percibida por empleados, autónomos, parados con subsidio y becarios de investigación. Al preguntarle a Chacón sobre la congruencia de la medida con la escasa estabilidad de los jóvenes en el empleo, contestó que este Gobierno ha promovido los contratos indefinidos, de los que se firmaron 800.000 más el pasado año.

Esta subvención de hasta 210 euros mensuales es incompatible con la general para arrendatarios, pero puede compaginarse con la deducción fiscal. Dura hasta cuatro años (se interrumpe al cumplir los 30). Además, se concederán préstamos para la fianza de hasta 600 euros y el coste del aval bancario durante seis meses que suelen exigir los caseros. El Ministerio estima que el primer año se firmarán 180.500 contratos de alquiler con estas ayudas, con una población beneficiada de 361.000 jóvenes y un coste de 436,5 millones. La gestión de estas prestaciones se concertará con las comunidades autónomas y se percibirán a través de las entidades financieras colaboradoras. Sólo habrá una ayuda por vivienda, y si hay varios titulares del contrato, se prorrateará.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de septiembre de 2007

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