El PP reduce al mínimo el debate sobre el nuevo plan urbano de Valencia

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia no saldrá de momento de los despachos de la concejalía de Urbanismo. La tramitación del documento que determinará el desarrollo de la ciudad en los próximos 20 años comenzó en 2004, pero a estas alturas el plan sigue cerrado al debate público. El grupo socialista pidió ayer al equipo de gobierno del PP, que encabeza Rita Barberá, un programa ambicioso para redactar el nuevo plan y una amplia participación ciudadana. Los conservadores rechazaron la propuesta y limitarán la participación a las previsiones de la Ley Urbanística Valenciana.

Las tasas, precios públicos, el IAE y el impuesto de plusvalía suben un 2,4%

La redacción de un plan general exige altura de miras. La pidió ayer en el pleno el concejal socialista Vicente González Móstoles, quien criticó al PP por tramitar el "documento de orden urbanístico más importante" de la ciudad por "un camino menor, no de altura intelectual". La "refundación" de Valencia para las próximas dos décadas necesita ambición en su redacción y en la implicación de los destinatarios, los ciudadanos que la habitan.

Sin embargo, la tramitación iniciada por el PP en 2004 avanza sin la concurrencia de la oposición y de los vecinos. El equipo de gobierno anunció entonces una "homologación" del vigente PGOU de 1988, lo que implica su adaptación a la normativa urbanística actual. Una cuestión menor si no fuera porque es una "homologación modificativa". Esa "modificación" es de calado, ya que consiste en la reclasificación de 250 hectáreas de huerta en distintos puntos, como el llamado triángulo de oro frente a L'Oceanogràfic. El PP alega que la desaparición de suelo agrícola es necesaria para construir más pisos protegidos y la justifica en un estudio ambiental que está en el expediente. Un expediente que González Móstoles exige debatir en la Comisión de Urbanismo, al igual que el concierto previo del plan. Es el documento que en 2005 estableció las líneas generales de la revisión del PGOU. El Ayuntamiento lo redactó y la Generalitat lo aprobó, sin exponerlo al público. No lo exigía la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, pero sí lo hace la LUV, a la que se tendrá que adaptar el nuevo plan.

Por ello, el grupo socialista exigió que ese concierto previo vea la luz pública. Además, el concejal pidió un programa pormenorizado de la redacción del PGOU porque "se ha producido una radical evolución del bloque normativo" con las nuevas leyes urbanísticas y del paisaje. Los socialistas reclamaron también un amplio programa de participación pública y recordaron que la hubo para el plan de 1988.

Al concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, se le atragantó la petición de un proceso "con altura intelectual". En su ácida réplica, Bellver cuestionó la de González Móstoles, al que pidió que se lea la normativa y "aprenda". "No hace falta que se establezcan procedimientos. Con el PP la participación se regula por ley, no por voluntad política", enfatizó. Además, aseguró que el concierto previo es "absolutamente válido". Según Bellver, la LUV prevé "cinco procesos de participación" frente a "uno del plan socialista". "Espero que me lo aclare con su altura intelectual", remachó. El comentario enfadó a González Móstoles: "No tengo la más mínima intención de sacarle de su altura intelectual, tiene la que tiene". El edil exigió otra vez la publicación del concierto previo. El PP rechazó la moción.

La gestión económica del Ayuntamiento ocupó buena parte del pleno. Con su mayoría absoluta y la abstención socialista, el PP aprobó una subida del 2,4% (el IPC de junio) de las tasas, impuestos y precios públicos. En el caso del IAE, la oposición votó en contra porque considera que no se trata de una mera actualización. También generó debate la nueva tasa de vados, cuya aplicación se aplaza al proponer Senent una revisión. El edil socialista Juan Ferrer la había pedido para una recaudación "más justa", aunque los socialistas se abstuvieron hasta analizar la medida.

En su revisión de la auditoría de las cuentas de 2006, Ferrer puso sobre la mesa que el Ayuntamiento no presupuesta suficientemente a las contratas y deriva hacia futuros presupuestos la deuda. Además, incidió en que casi no se realizan concursos, ya que "sólo 20 de cada 100 euros se invierten con procedimientos de publicidad y concurrencia". El 70% del gasto acaba en manos de contratas, concesionarias y la empresa Aumsa "sin que se justifique por qué". Ferrer desveló, además, que la auditoría ha dado de baja recibos del Ayuntamiento a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) por 4,2 millones de euros, mientras pone en vía ejecutiva de cobro otros cinco millones. "El saldo neto se reduce a un millón para el Ayuntamiento", criticó Ferrer.

Senent reiteró que la contratación por encargo es legal, aunque reconoció que "sería más aconsejable que se pudiera aumentar el porcentaje de concursos". Sobre el perdón de la deuda de CACSA, aseguró que es un pago aplazado. Ferrer insistió y espera respuesta en el próximo pleno.