Fuego cruzado

La recusación por el Partido Popular del magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Pablo Pérez Tremps, rompiendo el frágil equilibrio existente entre sus 12 magistrados en torno al nuevo Estatuto de Cataluña, no podía dejar de tener consecuencias sobre su funcionamiento interno. Pero entre ellas no figuraba que pudiera quedar afectada su estabilidad, que es el riesgo que se cierne en estos momentos. La recusación ha enrarecido de tal modo el ambiente entre los magistrados que podría llegarse a esa situación si todos sin excepción no ponen un poco de cordura en la pugna que mantienen, unos por reencontrar el equilibrio perdido y otros para impedirlo.

Pero lo más grave del momento que vive el TC no es la división entre sus magistrados, natural dentro de ciertos límites dada su diversa sensibilidad jurídica e ideológica. Lo más grave es que esa división sea inducida y exacerbada desde el exterior por las fuerzas políticas, alguna de las cuales se ha hecho experta en los últimos tiempos en la utilización sin complejos de las instituciones al servicio de sus objetivos partidarios. El escandaloso aplazamiento de la renovación del Consejo del Poder Judicial es una buena prueba.

En el caso del Constitucional, el último episodio de la pugna por su control, con vistas sobre todo a su futuro pronunciamiento sobre el Estatuto catalán, es la posible recusación por el abogado del Estado, a instancias del Gobierno, de los dos magistrados, García-Calvo y Rodríguez-Zapata, que se han pronunciado contra la reforma legal que prolonga el mandato de la presidencia del tribunal hasta su próxima renovación parcial. Esa reforma, recurrida por el PP, ha buscado sin duda en el corto plazo mantener el equilibrio del tribunal respecto al nuevo Estatuto, dejando operativo un voto que se presume favorable o al menos no beligerante, que es el de calidad de la actual presidenta. Pero responde a una lógica de más largo alcance: hacer legal lo que el propio tribunal se ha permitido realizar al menos en dos ocasiones para evitar el sinsentido de que los nuevos magistrados tengan un presidente que no han votado. Algo que los dos magistrados públicamente contrarios a la reforma consideran que está bien si lo hace el Constitucional, pero mal si lo establece el Parlamento.

Lo obligado es que estos dos magistrados se abstengan de intervenir en el recurso interpuesto por el PP contra la reforma, como han hecho la presidenta y el vicepresidente del Tribunal ante una cuestión que les afectaba personalmente. Ayudaría a mejorar el clima del tribunal y a distender las relaciones entre sus magistrados. No va a ayudar que el Gobierno se vea forzado a recusarlos, aunque deba hacerlo y esté legitimado para ello. Pero quizás sea lo que desean algunos en su estrategia respecto al TC.