Una juez de EE UU declara ilegales las escuchas de la Ley Patriótica

Las escuchas telefónicas y electrónicas sin orden judicial contempladas en la Ley Patriótica de lucha contra el terrorismo son ilegales. Una juez federal de Oregón ha sentenciado en contra del Gobierno de Estados Unidos, a la luz de una demanda interpuesta por un abogado detenido erróneamente por supuesta vinculación con los atentados de Madrid en 2004. El FBI determinó por error que unas huellas dactilares relacionadas con aquellos atentados correspondían a Brandon Mayfield, un abogado de Portland (Estado de Washington). Mayfield se convirtió al islam hace años y actuó como abogado de un individuo acusado de colaborar con el régimen talibán de Afganistán.

Esos dos detalles de su pasado enseguida llevaron al FBI a determinar que Mayfield podía estar implicado en los atentados de Madrid, a pesar de que la policía española nunca defendió esa teoría. Los agentes "pincharon" su teléfono privado y el de su despacho. A pesar de que no encontraron vínculo alguno con los sucesos de Madrid, Mayfield fue detenido y encarcelado durante dos semanas.

Indemnización

Meses después, el abogado logró una disculpa pública del FBI y una indemnización de dos millones de dólares (1,4 millones de euros), pero se reservó el derecho a demandar al Gobierno por las escuchas a las que fue sometido. El Departamento de Justicia reconoció después que había utilizado informaciones poco contrastadas para lograr su orden de detención. Ésa es la demanda que ahora ha resuelto en su favor la juez federal Ann Aiken. En su sentencia, establece como inconstitucionales los artículos de la Patriot Act que permiten las escuchas telefónicas y electrónicas sin presunción previa de delito. Aiken afirma que el Gobierno "ha intentado reformar la Declaración de Derechos al dar a ésta una interpretación que la privaría de significado real. Este tribunal se niega a aceptarlo". El Departamento de Justicia se dispone a recurrir la sentencia.

Recientemente, otro juez en Nueva York declaró inconstitucional un artículo de la Ley Patriótica que obliga a las personas contactadas por el FBI en investigaciones antiterroristas a no desvelar nunca que han sido interrogados. Una parte de la ley vence el año próximo; los demócratas intentarán usar su mayoría en el Capitolio para derogar los aspectos más polémicos.