Camps y Pla juegan en un debate a una reforma del Estatuto que se diluye en pocas horas

Populares y socialistas convirtieron ayer el Parlamento autonómico en escenario de un sainete sobre el dinero que destina el Estado a la Comunidad Valenciana. En el corto espacio de tiempo que va de las 10.00 a las 18.00 el jefe del Consell, Francisco Camps, y el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, pasaron de llegar a un supuesto acuerdo para reformar por vía de urgencia el Estatut -mediante una proposición de ley que llegó a redactar y firmar el portavoz popular Esteban González Pons- a tirarse los trastos y acusarse de electoralismo.

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El pleno de las Cortes se inició ayer con la sesión de control al presidente de la Generalitat. La primera pregunta correspondió al portavoz popular, Esteban González Pons, que, como un augurio de lo que vendría después, formuló la cuestión como si leyese la letra de una chirigota gaditana dedicada a Zapatero. Todo para acabar interpelando a Camps por su valoración de los Presupuestos Generales del Estado para 2008, que incrementan la inversión en la Comunidad Valenciana un 25%.

Camps sacó su argumentario y lo recitó de pe a pa. Y acabó, tras calificar de varias maneras la supuesta discriminación en los Presupuestos del Estado, con el conejo blanco que llevaba en el doble fondo de la chistera: "Voy a pedir a las Cortes Valencianas que aprueben una ley sobre financiación para acabar con la arbitrariedad del Gobierno". Iniciativa legislativa que presentará el PP en breve, pero que no tendrá ninguna eficacia porque no llegará a discutirse en el Congreso, que se disuelve en invierno.

Pla también sacó su argumentario. Ese que también recita de pe a pa. Y dijo: "Usted sabe que no puede cambiar la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas [LOFCA] sin pactar con los demás en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Le propongo cambiar el Estatut para incluir la disposición transitoria que nos permita recibir el dinero que tienen los otros".

El jefe del Consell, cansado del soniquete y convencido de que era un farol de Pla, decidió echarse otro farol más gordo. Olvidando, quizá, que estaba en sede parlamentaria y que es el presidente de la Generalitat. "De acuerdo", sentenció Camps, que aceptó el envite de la reforma para lograr mejorar la suficiencia financiera y condicionar los presupuestos del Estado igual que Andalucía y lograr otros 450 millones de euros anuales.

Que Camps no se explicó todo lo bien que pretendía lo evidenció el vicepresidente Vicente Rambla que salió como una centella a los pasillos al término de la sesión de control. Allí explicó que habían aceptado el envite de Pla para copiar la disposición transitoria del Estatuto andaluz en el Estatut. "Es un compromiso acordado por ambos partidos. Estoy convencido de que en pocos días tendremos aprobada [en las Cortes] la reforma", dijo Rambla.

La disposición transitoria andaluza citada y que el PP quiere copiar es la misma que la Generalitat recurrió ante el Tribunal Constitucional. Un recurso que los jueces se negaron a admitir a trámite por "extravagante".

Por si Rambla tampoco había sido claro intervino acto seguido González Pons, que aseguró que antes del 31 de diciembre, estaba hecha la reforma del Estatut. Luego subió al despacho, redactó una proposición de ley de reforma del Estatut con la disposición transitoria andaluza y un punto en el que indicaba que sería aplicable a los Presupuestos del Estado de 2008. Y aquí empezó a derrumbarse el castillo de naipes.

El portavoz adjunto socialista Ángel Luna salió para matizar, rebatir, enmendar a Pla -que había hecho la oferta "de buena fe"- y dijo que hasta que pasen las generales, nada de nada. Pla insistió luego en que no hay contradicción, sino que no piensa tragar "con ruedas de molino" en referencia a una proposición de ley que incluye "barbaridades jurídicas".

A esas horas ya habían saltado las alarmas en las sedes de las calles de Génova (PP) y de Ferraz (PSOE), que enviaron collejas telefónicas a sus correligionarios valencianos. A última hora, el PP salió en tromba contra los socialistas. González Pons dijo que "no se está hablando de una reforma estatutaria, sino de modificar los Presupuestos Generales del Estado". Conclusión: todo se reducirá a una proposición no de ley del PP en las Cortes y una iniciativa legislativa sobre la LOFCA sin valor alguno.