Los fiscales perseguirán como delito las agresiones al personal sanitario

Gritos, insultos y, de vez en cuando, amenazas o golpes. "Prácticamente todos los médicos han pasado por alguna de estas situaciones a lo largo de su carrera", afirma Beatriz Ogando, experta de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. "Un 75% reconoce que ha sufrido algún tipo de violencia, y un 5% admite que ha sido física", añade. Para intentar frenarlo, los colegios médicos del País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía han llegado a acuerdos con la fiscalía para que trate las agresiones como "atentados a funcionarios", lo que implica penas más severas.

La petición de ayer de los representantes del Colegio de Médicos de Madrid a miembros del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado es un nuevo intento para conseguir apoyo legal ante una situación que cada vez va a peor, según afirman los facultativos. Los datos del colegio madrileño, que fue pionero en crear un servicio de atención para los asociados agredidos, así lo confirman: en 2002 se abrieron cuatro procesos judiciales. En 2006 fueron 60. En lo que va de 2007 ya van 53, lo que indica que "se superará la cifra del año anterior", afirma el abogado del colegio madrileño Cristóbal Zarco. Y los datos son extrapolables a todos los sistemas sanitarios, añade. Ogando coincide. Según sus cálculos, de los casi 200.000 médicos que hay en España, alrededor de 10.000 han sido atacados físicamente alguna vez, y unos 175.000 han recibido amenazas verbales. "Y los otros no es que no les haya pasado nada, es que no lo admiten", apunta.

Los médicos de atención primaria o urgencias son los que están en zonas más calientes. Para estos últimos, recibir amenazas "casi es parte de su trabajo", dice Ogando. En los hospitales son las enfermeras las que llevan la peor parte, porque están más en contacto con los enfermos y sus familias, afirma.

Multa o cárcel

La solución para los expertos está en la "aplicación correcta de la ley". Considerar que un insulto a un médico que está trabajando en un centro público es un atentado a un funcionario supondría que esa actuación dejaría de ser calificada falta para ser delito. En el primero de los casos se zanjaría con una multa, explica Ogando, quien se basa en su propia experiencia y un juicio que ganó "hace 10 años". En cambio, si ese mismo insulto -llamarla "hija de puta"- se califica como atentado puede "conllevar cárcel y una multa por daños morales de 600 a 1.000 euros, con lo que la persona tendría antecedentes penales y la posibilidad de dictar una orden de alejamiento", apunta.

Algunos colegios autonómicos de médicos ya han conseguido un compromiso de la Fiscalía correspondiente para que actúe en ese sentido. Son los de Cataluña, Galicia y Andalucía. El del País Vasco ha firmado un protocolo de actuación el pasado 17, en el que serán los propios colegios los que tramitarán las denuncias, y la Fiscalía las considerará de oficio un delito, informa June Fernández.

Además, con este procedimiento el domicilio que figurará en la denuncia será el del colegio, lo que servirá para preservar al médico de futuras amenazas. Una iniciativa similar plantea el Colegio de Madrid, pero dando también como domicilio alternativo el de alguna institución sanitaria, "que es, al fin y al cabo, quien tiene que proteger a sus trabajadores", afirma una portavoz.

La reunión de ayer es un nuevo intento de los médicos madrileños para conseguir el apoyo de la judicatura y la fiscalía, algo que hasta ahora no han logrado. Pero el trabajo que Ogando está preparando para la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos incide en otras medidas. La primera, crear un registro centralizado de las agresiones. Como los médicos saben bien, el primer paso para fijar un tratamiento es tener un diagnóstico.