El TSJ anula las ayudas a cursos de formación sin la supervisión de los sindicatos

Una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana establece que las ayudas públicas para cursos de formación, procedan de donde procedan y se destinen a quién se destinen, deben ser visadas por el Consejo Valenciano de Formación Profesional.

El consejo en cuestión es una entidad tripartita constituida en 2000 en la que participan la Generalitat a través de ocho representantes de la Consejería de Economía y Empleo, ocho representantes de las patronales y otros ocho de los sindicatos más representativos.

La sentencia estima un recurso formulado por UGT contra una orden de la Consejería de Bienestar Social de diciembre de 2003 que convocaba ayudas para financiar programas de formación ocupacional dirigidos a mujeres a lo largo de 2004 y financiadas por el Fondo Social Europeo.

UGT denunció que las ayudas se convocaron sin el informe preceptivo del Consejo Valenciano, una entidad constituida para velar por la adecuación de los cursos de formación a las necesidades del sistema productivo. El TSJ invoca esas competencias, estima el recurso de UGT y anula la convocatoria de las ayudas en cuestión. La sentencia es firme.

Un portavoz de UGT subrayó que el fallo del TSJ "tiene gran importancia" porque la Generalitat obvió la existencia del consejo de formación profesional en toda una batería de convocatorias posteriores de ayudas a la formación profesional desde distintos departamentos.