Un agravio en entredicho

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2008, que incluye un fuerte incremento en la inversión estatal en la Comunidad Valenciana, colocó ayer en apuros el discurso de los populares en materia de financiación. Tanto que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el consejero de Economía, Gerardo Camps, y la dirección regional del PP utilizaron argumentos distintos para intentar minusvalorar el anuncio inversor del Gobierno. Camps recurrió a las deficiencias de la financiación autonómica, su consejero lamentó que la inversión adicional sea de 470 millones en vez de los 490 reclamados y el PP aludió a retrasos en la inversión estatal, muchos de ellos consignados en las cuentas de 2008.

Francisco Camps, durante la inauguración de un congreso de economía en Alicante, evitó referirse a la inversión en la Comunidad Valenciana prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2008 y estructuró su discurso reivindicativo sobre el sistema de financiación autonómica.

Camps reclamó "el reconocimiento del incremento poblacional en la financiación autonómica como un derecho". Es decir, que se modifique el sistema aprobado durante el Gobierno Aznar que establece el reparto de los ingresos del Estado en función del padrón de 1999. El jefe del Consell reclama que el sistema de financiación, que debería ser revisado y modificado para actualizar los censos utilizados, utilice el padrón de 2007, lo que permitiría incrementar en unos 450 millones de euros las transferencias del Estado a la Generalitat. Junto a la reivindicación, Camps aprovechó para presumir, como el Gobierno socialista, de superávit en sus cuentas y anunciar que quiere incrementar la inversión en I+D hasta el 2% del PIB autonómico.

Pero si el presidente de la Generalitat recurrió al sistema de financiación autonómica para no hablar de la inversión directa del Gobierno en la Comunidad Valenciana, el vicepresidente segundo y consejero de Economía, Gerardo Camps, optó por criticar los agravios que generan los nuevos estatutos de autonomía de Andalucía y Cataluña.

Ambos estatutos incluyen una disposición transitoria en la que exigen al Gobierno que invierta durante los próximos siete años un porcentaje idéntico al peso del PIB catalán, en el primer caso, y al peso de la población andaluza en España, en el segundo. Gerardo Camps no hizo mención a que el Estatuto andaluz fue aprobado con los votos del PP, ni al Estatuto balear, impulsado también por los populares y que condiciona igualmente la inversión del Estado en las islas durante los próximos años.

Camps también evitó recordar que el jueves pasado fue a Madrid para exigir al Gobierno, mediante registro de un escrito en el registro del Ministerio de Economía, 490 millones de inversión adicional en los Presupuestos del Estado para 2008. Fecha en la que el Gobierno ya había consignado una inversión adicional en la Comunidad Valenciana de 470 millones de euros.

"Aunque la inversión del Gobierno central en la Comunidad Valenciana no llega a alcanzar el nivel que debería tener, ya que deberíamos recibir 490 millones de euros más y nos hemos quedado por debajo de esa cifra", indicó el vicepresidente del Consell.

Camps se quejó igualmente de que "estos presupuestos del Gobierno socialista de España para la Comunidad Valenciana no contemplan la actualización para el año en el que nos encontramos y tampoco existe un compromiso para los seis años posteriores, compromiso que ya se ha alcanzado con otras comunidades como Andalucía y Cataluña, ambas dirigidas por gobiernos socialistas".

Gerardo Camps exigió en su escrito del pasado jueves 480 millones adicionales de inversión gubernamental en infraestructuras para lo que queda de 2007 y otros 490 en los Presupuestos del Estado de 2008. Inversiones con las que, según el Consell, se lograría el mismo trato que tiene Andalucía gracias a la inclusión de una disposición transitoria en su nuevo Estatuto, que los populares valencianos se negaron a incluir.

La contribución al batiburrillo de números y criterios utilizado por los populares se completó con las explicaciones de la dirección regional del PP. El vicesecretario regional del partido, David Serra, dentro de la campaña para explicar los "agravios del Gobierno Zapatero" manifestó ayer que las decisiones del Ejecutivo socialista han tenido un coste para los valencianos de 16.000 millones de euros.

En la imputación, el PP incluyó ayer el retraso en inversiones importantes como el AVE y los puertos, consignadas en las cuentas del Estado para 2008.