En ningún lugar se está como en casa

La historia de la política de vivienda en España desde 2004 es desafortunada, aunque más cómica que trágica. El primer Gobierno de Rodríguez Zapatero venía con el diagnóstico correcto, a saber: era necesario desacelerar el crecimiento de los precios y fabricar un mercado de alquiler capaz de ofrecer una solución a los grupos de población poco afecta a la propiedad, bien por razones de renta o por razones de movilidad. Hay que entender bien que durante los ocho años de legislaturas de Aznar se fabricó una burbuja inmobiliaria manifestada en un crecimiento disparatado de la construcción y de los precios; que esta anomalía expulsó del mercado de la propiedad a los grupos de población con las rentas más bajas, sobre todo a los jóvenes en ciernes de independizarse; y que la burbuja era extremadamente peligrosa porque hinchó el valor de los pisos en más de un 30%. Más tarde o más temprano el valor de mercado se hubiese corregido, quizá en forma de crash inmobiliario.

Era el momento de presentar un paquete de medidas para incentivar la oferta de pisos en alquiler, más que de estimular la demanda

Pero la aplicación de las medidas correctoras fue vacilante. Puede apreciarse con claridad la falta de pulso en el evidente fracaso de las políticas de alquiler. Después de tres años de agencias públicas, subvenciones, ayudas, acuerdos con las comunidades autónomas y otras iniciativas políticas, el porcentaje de arrendamientos sigue siendo irrisorio respecto al mercado en propiedad. Tampoco se espera una aceleración significativa de los contratos de alquiler durante los próximos años, de forma que una parte de las pretensiones del Gobierno están frustradas a fecha de hoy. Ésta es precisamente la hora en que se están cruzando políticas y estrategias muy confusas. La turbiedad se debe quizá a que el Gobierno no parece entender con claridad el mecanismo económico que hace funcionar el arrendamiento de pisos.

A precios competitivos con el desembolso mensual necesario para comprar una vivienda, la demanda de alquiler debería crecer razonablemente, incluso sin estímulos. Pero el Gobierno ya debería saber que el precio de un piso alquilado suele seguir fielmente el precio de compra, porque, al fin y al cabo, es una capitalización diferida. Si en el mercado existen expectativas de que suba el precio de la vivienda, el ciudadano se inclina fácilmente por la compra. Pero la coyuntura actual es justamente la contraria, de una cierta desaceleración. También amaina la expectativa de rentabilidad en la inversión inmobiliaria. Era por tanto el momento de presentarse ante la opinión pública con un programa de incentivos a la oferta de pisos en alquiler. O, al menos, con el cuadro completo de políticas, las de estímulo de la demanda y las de estímulo a la oferta. Pero, en su lugar, el presidente del Gobierno apareció con una nueva modalidad de ayuda directa: 210 euros al mes para los menores de 30 años y menos de 24.000 euros de renta anual. Sea una extensión de las ayudas anteriores aprobadas por María Antonia Trujillo, sea una ampliación calculada de los beneficiarios, sea una novísima disposición incentivadora, el hecho es que se insiste en tratar el mercado de alquiler como si fuera un problema de ingresos de los posibles inquilinos cuando es también, y quizá sobre todo, un problema de propietarios dispuestos a alquilar. Dicho sea de paso, se utiliza un procedimiento de incentivo -las ayudas directas- que, en la versión Trujillo, no ha tenido éxito.

Pues bien, la pregunta es: ¿tiene el Gobierno un plan articulado para conseguir que aparezca un número significativo de viviendas en alquiler? Seguro que sí. Pero son medidas menos agradables que poner dinero en mano de los jóvenes. Incluirán probablemente desahucios más rápidos, quizá penalizaciones por impago, castigo fiscal a viviendas vacías... Parecen poco electorales. Pero para saber si la política de alquiler del Gobierno tiene visos de efectividad, hay que conocer ambas líneas. Con detalle. Si se exhibe la receta agradable -210 euros en mano- y se difiere o se deja en penumbra la más ácida, es lícita la presunción de electoralismo.

Síntesis: los 210 euros en mano no van a estimular el mercado de alquiler, ni siquiera un poco; el quid está en cómo se convence a los propietarios para que alquilen los pisos y en cómo, al mismo tiempo, se reduce el mercado negro de alquiler, calculado en casi un millón de arrendamientos no declarados; y no es conveniente mezclar recetas incentivadoras con tratamientos para compensar los efectos de la subida de tipos. Parece que el Gobierno está confundiendo las causas... y los efectos.