Bruselas considera ilegales las condiciones de la CNE a la OPA de Enel sobre Endesa

Endesa se está convirtiendo en un calvario para la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Bruselas ha comunicado al Gobierno español que la mayoría, (11 de las 12) condiciones impuestas por la CNE a Enel y Acciona para la toma de control de Endesa "podrían no ser compatibles con el derecho comunitario". Llueve sobre mojado. A finales de marzo, Bruselas ya decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia por no haber retirado las condiciones, consideradas ilegales, que la CNE impuso al grupo E.ON cuando lanzó su OPA frustrada sobre la eléctrica.

Después de una larga batalla, y ante las exigencias impuestas por las autoridades españolas, E.ON optó por abandonar la batalla y dejar el campo libre a Enel y Acciona, aunque su propuesta fue también sometida a ciertas condiciones consideradas igualmente excesivas por la Comisión Europea.

La Comisión estima que los requisitos fijados por la CNE a la empresa energética italiana Enel (30% en manos del Estado italiano) y Acciona (grupo español especializado en la gestión y desarrollo de infraestructuras y promoción de energías renovables) son contrarios a las reglas del Tratado referentes a "la libre circulación de capitales, el libre derecho de establecimiento, y a la libre circulación de mercancías".

Las condiciones fueron fijadas por la CNE el 26 de abril de 2007, posteriormente modificadas por el Ministerio de Industria el 30 de agosto, y el 4 de julio. España dispone ahora de un plazo de 30 días para responder a la apreciación preliminar de la Comisión.

Aprobada sin condiciones

La propuesta de adquisición de Endesa por Enel y Acciona, fue aprobada por la Comisión Europea, sin condiciones, por estimar que la operación no "suponía un impedimento significativo de la competencia en el Espacio Económico Europeo o en una parte sustancial del mismo". Bruselas estima que, dadas las características de la operación, la decisión sobre esta fusión era "una competencia exclusiva" de las autoridades comunitarias.

En las fusiones de competencia comunitaria, los Estados miembros no pueden aplicar su legislación nacional y sólo pueden intervenir en defensa de los intereses de la competencia y con medidas que sean necesarias y proporcionadas y siempre compatibles con el derecho comunitario. Según la Comisión las condiciones fijadas por la CNE debían ser notificadas previamente a Bruselas, circunstancia que no se produjo.

De las 12 condiciones, Bruselas sólo ha aceptado una, la relativa a las garantías de suministro y ha rechazado todas las demás. La CNE había establecido unas exigencias muy detalladas como las referentes a la obligación de Enel de enviar informes anuales sobre su estrategia energética, la de preservar las sociedades existentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla durante cinco años, así como mantener durante el mismo periodo los contratos de aprovisionamiento de carbón nacional.

Igualmente, la CNE exigía de manera explícita que ambas compañías compradoras deberían mantener la marca Endesa y que la sede social del grupo y su centro de dirección continuaría en España. Otras condiciones hacían referencia a la obligación de cumplir los compromisos en materia de energía nuclear exigiendo un informe sobre las actividades en este sector. La Comisión considera que en la mayoría de casos se trata de trabas proteccionistas, a amparadas en la garantía de suministro, que vulneran el derecho comunitario.

Garantía de suministro

El portavoz de competencia de la Comisión, Jonathan Todd, señaló que la única condición que estaba justificada era la relativa a la garantía de suministro. La misma condición que Bruselas aceptó del conjunto de las impuestas a E.ON.

Si los temores de la Comisión se confirman, Bruselas se verá obligada a iniciar un nuevo procedimiento de características similares al abierto en septiembre de 2006, cuando España se negó a retirar las condiciones fijadas en la OPA de E.ON y que acabó con el envío al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El Tribunal deberá dirimir entre dos derechos en colisión: el de la libre competencia que Bruselas considera prioritario o la garantía de suministro que esgrime España. Las autoridades españolas, consideran que es responsabilidad y obligación del Gobierno asegurar el suministro en materia energética. Enel y Acciona, que ayer no comentaron la decisión, han recurrido ante Industria las condiciones. El ministerio deberá decidir sobre el recurso antes del 3 de noviembre.