Duendes de Gescartera

El juicio que debe esclarecer las responsabilidades personales del escándalo Gescartera, la sociedad de valores que estafó a sus clientes más de 50 millones de euros y que fue intervenida en 2001 en medio de un gran escándalo económico y político, empieza con el notable retraso que parece ser característico de la justicia española y con el hecho de que el dinero defraudado a 4.000 depositantes no ha aparecido. Los principales acusados de la estafa son el propietario de la sociedad, Antonio Camacho; la presidenta del grupo, Pilar Giménez-Reyna -hermana del secretario de Estado de Hacienda, que tuvo que dimitir por el escándalo-, y el director general, José María Ruiz de la Serna. La relevancia pública del juicio radica, además de en la cuantía de la estafa, en las relaciones de los acusados con miembros del equipo de gobierno del PP y de los organismos de regulación financiera.

El Gobierno de Aznar nunca pudo explicar satisfactoriamente por qué la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tardó en intervenir la sociedad a pesar de los firmes indicios de vaciamiento patrimonial. El vicepresidente de la CNMV a la sazón, Luis Ramallo, tampoco ha conseguido justificar los regalos que recibió de Gescartera por valor de más de tres millones de pesetas. En el mismo limbo permanecen las entrevistas de la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, también dimitida a consecuencia del caso, con altos cargos de la sociedad. Gescartera afectó a un amplio abanico de depositantes, desde el arzobispado de Valladolid hasta inversores militares, y manchó a instituciones financieras españolas y extranjeras.

Los indicios de connivencia de altos cargos con la trama de apropiación indebida organizada por Camacho, Ruiz de la Serna y Pilar Giménez-Reyna eran muy sólidos. El fiscal del caso ha entendido probablemente que las responsabilidades de los altos cargos de Hacienda y de la CNMV tocados por Gescartera son de orden político y, por tanto, quedaron sustanciadas con sus dimisiones. De ahí que haya renunciado a imputarlos, decisión que beneficiará la discreción del proceso. Durante los tres meses que aproximadamente durará el juicio, hay que esperar al menos que se aplique la ley con rigor, de forma que los acusados, si su culpabilidad queda establecida, no puedan beneficiarse impunemente de la estafa.